En la última reforma de la Ley Concursal que entró en vigor hace justo un año hay un cambio de paradigma en la gestión de las insolvencias: además de profundizar en el aligeramiento en los procedimientos concursales, se desarrolla el derecho pre-concursal. Esta introducción no es baladí, aproximadamente el 90% de los procedimientos concursales en España acaba en liquidación. Esto conlleva pérdidas por parte de los acreedores, además de la destrucción de tejido empresarial, sobre todo pymes y en especial micropymes, que quizás con buenas herramientas de diagnóstico se podrían mantener activas.