Tres de cada cuatro familias españolas se han visto obligadas a reducir su gasto en productos y servicios de diversa índole para poder hacer frente a la subida de los precios de los alimentos. Lo revela una encuesta sobre hábitos de consumo realizada por FACUA-Consumidores en Acción a más de 3.000 consumidores.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció en la tarde de este jueves una batería de 18 medidas tras concluir su reunión de más de dos horas con varias organizaciones profesionales agrarias tras las protestas y tractoradas del campo de los últimos días. Planas abordará sus propuestas la semana que viene con las comunidades autónomas y el próximo 26 de febrero en Bruselas, donde se reunirán los titulares de Agricultura de los 27 Estados miembros. Con todo, no termina de convencer al campo y el sector mantiene las protestas.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este miércoles que la modificación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que entró en vigor en diciembre 2021, "funciona" y ha logrado subir los precios en origen al productor. A la vez, ha abogado por "fortalecer su aplicación" a través de un mayor esfuerzo en las inspecciones.
Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, Coag y UPA han convocado actos de protesta en Madrid el próximo 26 de febrero, coincidiendo con la jornada en la que se celebrará el consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas. Continúan así su calendario de protestas "en unidad de acción", que están sacando a la calle "a miles de agricultores y ganaderos de todos los sectores", y que este miércoles están protagonizando actos en distintos puntos de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Aragón, según un comunicado.
Las movilizaciones del campo se amplificarán hoy, cuando están previstas tractoradas y protestas en Burgos, Cuenca, Guadalajara, Jaén, Málaga, Palencia, Santiago de Compostela, Sevilla, Toledo, Valladolid, el puerto de Motril (Granada) y Mercamadrid (Madrid). Las manifestaciones programadas por Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos superarán las 40 acciones en febrero.
La principal consecuencia de la situación que vive el campo español, que en su octavo día de protesta, que ayer culminó, entre otras acciones, con el bloqueo de los dos principales accesos a Mercabarna, en Barcelona, o el acceso al Puerto de Santander, es la pérdida de actividad en el sector agrario. Así, algunos de los problemas que denuncian los agricultores, como la competencia desleal de las importaciones de terceros países, pueden estar detrás de que en los últimos tres años se hayan perdido en España 17.906 sociedades agrarias y 132.219 empleos (tanto de trabajadores por cuenta ajena como autónomos), según datos del Ministerio de Trabajo y Economía social.
El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni recortará el IRPF, entre otras medidas, a los agricultores que se manifiestan estos días en toda Italia, una decisión que ayudará a desconvocar las protestas, aunque algunos grupos han adelantado que continuarán con sus movilizaciones. La reducción del 50 % del importe del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los ingresos agrícolas de entre 10.000 y 15.000 euros se sumará a la exención fiscal para los de hasta 10.000 euros tras el acuerdo alcanzado este lunes por la mayoría gubernamental, según los medios locales.
Los economistas han elevado este lunes su previsión de déficit público para 2024 en una décima, hasta el 3,4% del PIB, al estimar que no se van a mantener los ingresos de 2023, debido a un menor crecimiento económico, así como por un mayor crecimiento del gasto por parte del Gobierno. Este pronóstico contradice la previsión del Ejecutivo, que, en su Plan de Estabilidad 2023-2026, presentado en Bruselas a finales de abril del año pasado, aseguraba que el déficit se reducirá al 3% en 2024, un año antes de lo previsto, "por el control del gasto público, el incremento de los ingresos y el dinamismo del mercado laboral", al tiempo que señalaba que, "para 2023 se preveía continuar en la senda descendente, situándose en el 3,9% del PIB.
El campo francés volverá a la carga, pero en lugar de bloquear carreteras, lo hará con el foco puesto en las grandes superficies. Así, el sindicato hegemónico de los agricultores franceses se queja de que las promesas que hizo el Gobierno hace una docena de días, y que le llevaron a levantar las protestas, no se están concretando y va a llevar a cabo nuevas acciones selectivas en supermercados e hipermercados para manifestar su descontento.
La falta de un interlocutor claro con el que negociar dificulta la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a las tractoradas y demás protestas agrarias. Las tres grandes organizaciones del sector -Asaja, Coag y UPA- han quedado relegadas a un segundo plano en la convocatoria de las movilizaciones, mientras que grandes propietarios de terrenos agrarios han tomado el mando, con la Plataforma 6F al frente.