El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este miércoles que la modificación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que entró en vigor en diciembre 2021, "funciona" y ha logrado subir los precios en origen al productor. A la vez, ha abogado por "fortalecer su aplicación" a través de un mayor esfuerzo en las inspecciones.
Planas ha explicado que el funcionamiento de la ley queda patente cuando se analiza lo que ha pasado con los precios en origen que perciben los agricultores y los ganaderos. "Su evolución ha sido positiva", ha asegurado hoy durante la XVII sesión ordinaria del pleno del Observatorio de la cadena alimentaria, en el que están representados todos los agentes (productores, pescadores, industria, distribución, consumidores, administración general del Estado y comunidades autónomas) y que ha presidido hoy en sede ministerial.
El titular de Agricultura expuso que, en líneas generales, los datos económicos de los que dispone elministerio apuntan a que desde enero de 2022 hasta diciembre de 2023 los precios en origen han subido de forma muy significativa, incluso si se descuenta la inflación derivada del incremento de costes, que tuvo su momento más álgido en octubre de 2022, a los seis meses del inicio de la guerra en Ucrania.
A pesar de ello, Planas ha matizado que esta evaluación en términos macroeconómicos hay que acompañarla de otra lectura microeconómica, que evidencia que hay situaciones comerciales muy diversas en las que de forma puntual sí ha habido mayores dificultades en la aplicación de la ley de la cadena.
Para mejorar el funcionamiento de este marco legal, el ministro confirmó, en línea con lo anunciado por Pedro Sánchez, que ya se trabaja para aumentar las inspecciones con más análisis de las relaciones comerciales de las empresas con sus proveedores.
El ministro ha invitado a que los representantes del eslabón más débil de la cadena, las organizaciones agrarias, formalicen denuncias de sus asociados ante las autoridades competentes, a la vez que ha solicitado a los responsables autonómicos que profundicen en su labor de control y tramitación de denuncias, que siempre garantizan la confidencialidad para no perjudicar al que la ha presentado.
A estos últimos también les ha instado a que envíen aquellos estudios de costes que consideren que puedan ser de interés y que quieran compartir para que puedan ser publicados en un apartado específico que se va a crear en la web del ministerio.
El Observatorio de la cadena alimentaria ha reunido a los representantes de los diferentes eslabones involucrados en la cadena alimentaria, del Gobierno de España, las comunidades autónomas, las centrales sindicales y del Consejo de Consumidores y Usuarios. Entre ellos, las tres principales organizaciones agrarias, Coag, Asaja y UPA, así como representantes de la industria alimentaria (Fiab) y de la distribución (Asedas, Anged y ACES).
El objetivo general del Observatorio es lograr un correcto equilibrio entre los eslabones de la cadena alimentaria, pudiendo garantizarse de esta forma una competencia justa, leal y efectiva. Con ello, se favorece la transparencia y la eficiencia del proceso de comercialización, pudiéndose detectar de esta forma posibles situaciones de desequilibrio en las cotizaciones de los productos a lo largo de la cadena de alimentaria.