En el tercer trimestre se superaron los 19,5 millones de personas trabajando, según la Encuesta de Población Activa (EPA), una cifra desconocida desde 2008. De ellos, 16,43 millones eran asalariados y el resto autónomos. Pues bien, de los empleados por cuenta ajena, el 27,43% (4,5 millones) tenían un empleo temporal -63 centésimas más que en el segundo trimestre-, una tasa desconocida desde el cuarto trimestre de 2008, cuando la temporalidad supuso el 27,73% de los empleados temporales, entonces 4,57 millones de personas. Los sindicatos señalaron ayer como aspecto negativo la alta temporalidad de esta EPA del tercer trimestre.

Una de las propuestas estrella del programa de Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura fue la elaboración de un plan de empleo juvenil para paliar las altas tasas de paro, un 34,7% en los menores de 25 años según la EPA del segundo trimestre, una de las más altas de Europa.

El Consejo de Ministros aprueba este viernes tres Anteproyectos de ley que desarrollan la creación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, el Impuesto sobre Transacciones Financieras y el tercero dedicado a la lucha contra el fraude y transposición de la Directiva antielusión (ATAD). Fuentes del Ministerio que dirige María Jesús Montero confirman que los textos están terminados. El presidente Pedro Sánchez cometió el jueves un lapsus en Bruselas al anunciar que se aprobarían mediante dos Reales Decretos Leyes.

El Pacto de Toledo siguió ayer con sus negociaciones para cerrar un acuerdo global antes de que finalice el presente año, como se han propuesto. Ayer, con la presencia de un representante de la Seguridad Social, avanzaron en la recomendación 15 -solidaridad y garantía de suficiencia- centrados en los complementos a mínimos. El debate se ha centrado en cómo determinar qué se entiende por una pensión digna, lo que marcará los complementos de aquellas personas que se queden por debajo.

El Gobierno negocia con los agentes sociales una subida de las cotizaciones máximas para el próximo año que arrancará desde un 5% de incremento. Fuentes conocedoras de la negociación explican a elEconomista que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha defendido que las cotizaciones máximas se revalorizasen en igual porcentaje que las mínimas. Por este motivo, antes de que se anunciase la subida del SMI a 900 euros, la voluntad del Ejecutivo era cumplir con el acuerdo alcanzado en diciembre, según el cual el SMI, y por tanto la base mínima de cotización, se incrementase un 5% en 2019. De aquí que el objetivo defendido por Empleo sea revalorizar igualmente un 5% las cotizaciones máximas.