
El Consejo de Ministros aprueba este viernes tres Anteproyectos de ley que desarrollan la creación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, el Impuesto sobre Transacciones Financieras y el tercero dedicado a la lucha contra el fraude y transposición de la Directiva antielusión (ATAD). Fuentes del Ministerio que dirige María Jesús Montero confirman que los textos están terminados. El presidente Pedro Sánchez cometió el jueves un lapsus en Bruselas al anunciar que se aprobarían mediante dos Reales Decretos Leyes.
El Plan Presupuestario que el Gobierno remitió a la Comisión Europea el pasado lunes habla de Anteproyectos de Ley. Igualmente, confirma que el resto de medidas fiscales que el Gobierno quiere aprobar se modificarán con la Ley de Presupuestos Generales del Estado al tratarse de la modificación de tributos ya existentes y no de nuevo cuño.
No obstante, algunos fiscalistas señalan que los cambios a través de Presupuestos deben ser de calado menor, como modificaciones de tipos, pero no cambios estructurales del impuesto. En este sentido, la reforma del Impuesto de Sociedades y la creación de nuevos tramos en IRPF tendrían un peor encaje en Presupuestos, no así la subida de la fiscalidad del diésel o la bajada del IVA para los servicios veterinarios y productos de higiene femenina.
En el Plan Presupuestario para 2019 que ya la Comisión Europea ha analizado, el Gobierno concreta unos ingresos de 5.678 millones de euros, que algunos entes como el BBVA o la CEOE consideran sobreestimados. La medida que mayor peso tiene es la exigencia del pago de un tipo al menos del 15% en el Impuesto de Sociedades, con la que conseguirían unos 1.776 millones, según se recoge en el Plan Presupuestario.
Con los nuevos tributos que aprobará el Consejo de Ministros, el Gobierno calcula recaudar en 2019, unos 850 millones de euros por el Impuesto sobre Transacciones Financieras -que irán a la Seguridad Social- y otros 1.200 millones con el de Servicios Digitales.
"Planteamos un debate necesario en nuestro país, y es el de la fiscalidad. Si queremos justicia social necesitamos justicia fiscal", indicó Sánchez durante su intervención en Bruselas. "Las iniciativas fiscales que aprobaremos son necesarias para conseguir ingresos y cumplir con los objetivos de déficit y deuda pública, y con nuestro compromiso de redistribuir el progreso económico".
Además, el presidente de Gobierno recordó que "es una propuesta presupuestaria que por primera vez recogerá un superávit primario en nuestra economía, que rebaja un 0,4% el déficit estructural y que rebaja casi en dos puntos la deuda pública".
Por otro lado, en este Consejo de Ministros, el Gabinete de Sánchez también estudia pedir un dictamen con carácter de urgencia -y que esté para antes del 25 de octubre- al Consejo de Estado sobre el recurso contra la moción que la pasada semana aprobó el Parlamento de Cataluña contra el rey Felipe VI y contra la monarquía. Con todo, la resolución de este ente es preceptiva pero no vinculante, por lo que el Gobierno no tendría la obligación de cumplir con lo que señale este organismo.
Además, el Consejo también estudia la declaración de zona catastrófica para el área afectada por la riada de Mallorca.