El Ministerio de Trabajo está desarrollando un algoritmo con diversas variables que comparará el total de horas que pasan los empleados de una empresa en su puesto de trabajo y las horas que el total de la plantilla pueden desarrollar legalmente a la semana. El algoritmo determinará si el trabajo real es muy superior al que, nominalmente, puede desempeñar la plantilla, lo que suponen horas extras.
La Comisión de Industria de la CEOE que agrupa a las sectores manufactureros lleva trabajando meses en una propuesta para impulsar la competitividad de la industria cuyo borrador final ha remitido hace unos días a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. El documento, según explica el presidente de la Comisión y presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero, servirá, primero, como base para la propuesta de Pacto de Estado por la Industria que Maroto está ultimando y, segundo, para negociar la reforma de la Ley de Industria que podría aprobarse a final de año. Entre las 17 medidas -que ya esbozaron los empresarios en otoño- se incluye una profunda reforma de la fiscalidad de los sectores industriales.
La alta inflación está marcando la negociación de los convenios colectivos. Así, hasta mayo hay 1.210.007 trabajadores con un incremento salarial medio del 5,44% para este año, lo que supone el 20,8% de los asalariados incluidos en convenios activos para este año. Es una cifra inédita, tanto por el volumen del alza salarial como muy especialmente por el número de trabajadores afectados.
Autónomos y Seguridad Social volvieron a reunirse ayer para tratar de avanzar en la negociación del nuevo Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta). En este encuentro no se avanzó en los tramos de cotización de autónomos, sino que se centró en las mejoras de las prestaciones por cese de actividad y para autónomos con hijos con enfermedades graves.
El Gobierno prevé ahorrarse 500 millones de euros cada año con el nuevo modelo de tarifa plana para los autónomos que sustituirá al actual, según la valoración que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración ha trasladado a la mesa que analiza el nuevo Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta). Los negociadores tuvieron ayer una nueva reunión en la que poco o nada avanzarón en las cuotas aunque sí negociaron el nuevo cese de actividad de los autónomos.
Uno de los puntos más conflictivos sobre la mesa de la reforma del Reta (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) es el primer trato que incluye a 1,3 millones de trabajadores por cuenta ajena que, según los datos cruzados entre la Seguridad Social y Hacienda, declaran tener ingresos netos inferiores a los 670 euros al mes. La discusión se centra en qué cuota deben aportar y qué prestación futura han de recibir. Una nueva propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración es sacar del primer tramo a tres colectivos que suman unos 400.000 personas: los societarios con perdidas, rendimientos cero o hasta 670 euros; los familiares colaboradores y los religiosos que, en vez de cotizar por 250 euros (como consta en la tabla propuesta por el Ministerio el 26 de mayo), lo harán a la actual de 294 euros mensuales.
Hoy vuelven a verse las caras las asociaciones de autónomos con Escrivá. Después de la última reunión, las asociaciones mostraron tres caras muy distintas entre sí a la hora de valorar la nueva propuesta del Ministerio para el sistema de cotizaciones de los próximos 3 años. Este cuadro solo fue aceptado por Upta, mientras que Uatae y ATA no les resultó satisfactoria.
Varios sectores con problemas para encontrar personal han mantenido ya reuniones con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para flexibilizar las condiciones exigidas para conceder los permisos de trabajo a los migrantes. Las sectores consultados por eE apuntan que entre las medidas de flexibilidad que han socilitado al Ministerio de Agricultura estaría el aumento del periodo de trabajo que puede permanecer los migrantes en España, actualmente de 12 meses, especialmente necesario para actividades como construcción.
El Gobierno ha pactado con EH-Bildu subir un 15% las pensiones no contributivas hasta el 31 de diciembre de 2022 y una garantía para impedir que el nuevo fondo público de pensiones se financie con fondos de la Seguridad Social, a cambio de su abstención en la votación de los planes de pensiones de empleo. La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso aprobó ayer la ponencia sobre el proyecto de ley de planes de pensiones de Empleo de José Luis Escrivá que salió adelante por 19 votos a favor, 12 en contra y seis abstenciones que abre la votación ante el pleno.
El Ministerio de Trabajo quiere dar un cambio copernicano al concepto de la indemnización por despido procedente. Así, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desveló ayer tras su comparecencia en el Congreso que su equipo está trabajando en la modificación de las indemnizaciones. UGT ha pedido reabrir la negociación con los agentes sociales para subir la indemnización improcedente de los actuales 33 a 45 días por año trabajado.