El Ministerio de Trabajo reunió ayer a empresarios y sindicatos para abordar las vacantes de empleo que se quedan sin cubrir. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, y los representantes de los agentes sociales coincidieron en señalar que en España no hay un problema de "gran dimisión", el fenómeno que nació en Estados Unidos que lleva a millones de trabajadores a abandonar sus puestos de trabajo. Gobierno, sindicatos y empresarios coinciden en que en España hay problemas puntuales, de momento coyunturales, que afectan a unos cuantos sectores y a zonas geográficas específicas. Los sectores tensionados son hostelería en algunas zonas turísticas de costa, la construcción, el sector primario y la construcción, según señaló Pérez Rey.

La actividad del Parlamento español, a lo largo de esta legislatura, se ha visto muy limitada por la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, al que cada vez le cuesta mayor esfuerzo sacar adelante una votación. Esta eventualidad deja en el aire, al menos seis importantes reformas atascadas por el bloqueo legislativo y la imposibilidad de concitar mayorías.

Este lunes se debate en el Congreso la ponencia que analizará las enmiendas a la ley para el Impulso de los planes de pensiones de empleo elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según explican a eE fuentes parlamentarias el ministro José Luis Escrivá tendrá difícil sacar adelante el texto en el Congreso si no se produce un cambio en la postura del Gobierno en la aprobación de incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades para las aportaciones empresariales a los planes de pensiones de sus trabajadores.

Cataluña, con 190,7 millones de euros, es la comunidad autónoma que más fondos recibirá del Ministerio de Educación para Formación Profesional ocupacional (FP para el empleo), el 15,4% del total. Tras ella, Andalucía se queda con el 15,1% (187,7 millones), Madrid el 12,9% (160,3 millones) y la Comunidad Valenciana el 12,1% (150,2 millones).

El sector de la construcción ha sido el primero en fomentar la implantación entre las constructoras de un plan de pensiones de empleo de los creados por el Ministerio de Seguridad Social. Pactado con los sindicatos en el preacuerdo del VII Convenio General de la Construcción, la previsión es que en una década el plan gestionará un capital de 2.500 millones de euros y beneficiará a unos 600.000 profesionales del sector. Algo menos de la mitad de la fuerza laboral que ocupa el sector en España.