Los partidos nacionalistas de izquierda, socios tradicionales del Gobierno, han abandonado definitivamente al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en su pelea por aprobar en el Parlamento el proyecto de ley de impulso a los planes de empleo. La esperanza quedó, pues, en sumar algún grupo de la oposición.
Pero el principal, el PP, pide de forma transitoria una desgravación de 8.500 euros en IRPF en los planes de empleo individual que se han reducido de 10.000 euros a 1.500 euros en dos años, algo descartado desde el Gobierno. Un petición con un coste extra de 256 millones de euros anuales, según cálculos de Escrivá a los que ha tenido acceso eE.
Fuentes cercanas al Ejecutivo señalan a este periódico que las negociaciones siguen abiertas con todos los partidos y afirman que la norma saldrá adelante. Para ello contaría con el PNV (6 diputados), PdCat (4 diputados), Junts (4 diputados), Compromis/Mas País (3 diputados) y otros partidos sueltos que podrían sumar entre 5 y 8 diputados. Que con los 153 del Gobierno, suman 175 votos favorables.
A los que se podrían añadir los 9 de Ciudadanos (a favor o abstención) si se tiene en cuenta que su negociadora, la diputada María Muñoz, anunció hace unos días en twitter que "hemos hecho rectificar al Gobierno. Incluirá nuestras mejoras en los planes de pensiones de empleo: Incentivos fiscales para las empresas que creen planes para sus trabajadores y despolitización del fondo, eliminando el derecho de veto en las inversiones". Y añadía: "A esto hemos venido".
Desgravación en Sociedades
La diputada naranja hacía referencia al hecho de que el Ejecutivo, más concretamente el Ministerio de Hacienda, cedió la pasada semana a la imposición de PP, Vox, PdCat y Ciudadanos de una segunda desgravación a las aportaciones empresariales, esta vez en el Impuesto sobre Sociedades que se sumará a la deducción en la base de cotización a la Seguridad Social.
Escrivá les comunció que aceptaba un 10% de las aportaciones empresariales en la cuota del Impuesto. Cumplía así con la exigencia de PP, VOX y PdCat, aunque Ciudadanos solicitó el 15%. Con la enmienda del 10%, los empresarios podrían desgravarse hasta un máximo del 41,6% de su aportación.
Una desgravación que se sumará a la deducción en la base de la cotización que aprobó el Consejo de Ministros. El preacuerdo que se está negociando en el Congreso permite una apoyo de hasta 439,5 euros a las empresa por su aportación, un dinero que se tuvo que incrementar a última hora pués el último borradro que negoció el Gobierno con los agentes sociales el límite era de 301 euros.
La cesión acabó de romper los escasos puentes de negociación con los partidos nacionalistas de izquierda. Jordi Salvador, diputado de ERC explica a este diario que "estamos hartos de la manera de actuar de este gobierno. Con nosotros no hay nada que hacer, y creo que no somos los único", en relación con otros socios como EH-Bildu y BNG. Eso pone 19 diputados en contra del proyecto del ley, junto con los 88 del PP y los 52 de Vox: 159 "noes".
Añadir una nueva desgravación a las aportaciones empresariales a través del Impuestos sobre Sociedades no ha sido suficiente ni para el PP ni para Vox. Tomás Cabezón, diputado popular al frente de la negociación, apunta que desde el principio han explicado al ministerio de Escrivá que la recuperación de las desgravaciones a los planes de pensiones individuales era imprescindible para apoyar la ley. Cabezón declara a eE que a fecha del viernes, el Gobierno no había cambiado de opinión y seguía sin aceptar su exigencia.
Lo que deja fuera del voto favorable a la formación de Alberto N. Feijoo. El PP solicitó que de 2022 a 2026 " los trabajadores que no estén adscritos a un sistema de empleo podrán aplicar el incremento de límite de 8.500 euros establecido para los sistemas de previsión social empresarial mediante la realización de aportaciones a sistemas de previsión social individual, siempre que los derechos consolidados correspondientes a tales aportaciones se movilicen a un sistema de empleo en el plazo de 6 meses desde que el trabajador quede adscrito a dicho sistema de empleo".
De aprobarse la ley en estos términos se aplicaría ya al convenio del sector de la construcción gracias a un preacuerdo fimado entre la patronal CNC y los sindicatos CCOO y UGT que supeditaba su aplicación a la aprobación de esta ley en, al menos, los términos en los que se aprobó en el Consejo de Ministros.
