El primer trimestre se ha cerrado con un incremento del 0,3%, lejos del 2,2% del anterior cuarto trimestre de 2021. El descenso en el ritmo de crecimiento se explica principalmente porque, según resalta el Servicio de Estudios de UGT, a que estamos ante el peor descenso del consumo privado en términos trimestrales.
Los sindicatos mayoritarios respondieron este jueves con sus propias directrices a las recomendaciones que la CEOE y Cepyme lanzaron a sus asociados el pasado martes de cara a la negociación de los convenios colectivos. Si las patronales pedían a sus organizaciones que no liguen las subidas salariales al IPC, sino a criterios como los beneficios y la productividad, CCOO y UGT solicitan a sus negociadores que los convenios se pacten con cláusulas de revisión salarial "que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo para el caso de que la inflación interanual supere los dígitos de los incrementos pactados".
Andrés Sendagorta, presidente de Sener y nuevo presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), se estrenó en su cargo con un discurso centrado en el valor de la empresa española para la sociedad en general y la necesidad de apoyarla. "Es esencial potenciar y defender a las empresas españolas. Sin proteccionismos retrógrados, pero sin ingenuidades peligrosas", dijo en su toma de posesión tras sustituir en el cargo a Marc Puig.
El Comité Ejecutivo de la CEOE, reunido este martes de forma extraordinaria, constató la imposibilidad de alcanzar "en estos momentos" un acuerdo en materia salarial con los sindicatos para el periodo 2022-2024. Como ya comunicó la semana pasada, ante esta imposibilidad la organización empresarial ha decidido editar un comunicado que sirva de guía a los negociadores encargados de los convenios colectivos con una batería de recomendaciones. Su intención es asegurar unos convenios que contribuyan a que las empresas afronten una situación económica que "ha empeorado sensiblemente tras el inicio de la guerra con Ucrania".
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aclaró ayer que los estudiantes que hagan prácticas tutorizadas, los conocidos como becarios, no cobrarán un salario como tal. "Recibirán una compensación económica por los costes derivados de formarse", remarcó la ministra tras la reunión que mantuvo ayer con los representantes del Consejo de la Juventud y la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas.
Tras seis meses de parón, el Ministerio de Trabajo reactiva esta semana, la siguiente a más tardar, las negociaciones con empresarios y sindicatos para la reforma de la formación profesional en el trabajo. Los agentes sociales exigirán al equipo de Yolanda Díaz que suprima un artificio legal introducido en el anteproyecto de la Ley de Empleo que pretende impedir que los excedentes de las cuotas cobradas para formación que no se hayan invertido cada año sean obligatoriamente reinvertidas el año siguiente también en formación.
Los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme dieron ayer por cerrada la negociación de un pacto salarial a través del V Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC). La ruptura de las conversaciones entre las cúpulas de las cuatro organizaciones abre las puertas a la conflictividad laboral en unos convenios colectivos muy tensionadas por las pretensiones de los trabajadores de incrementar salarios con el fin de evitar la merma del poder adquisitivo afectado por la inflación.
El Ministerio de Trabajo cuantifica en 2.635 millones de euros el dinero que, recaudado con las cuotas de empresas y trabajadores destinadas a formación, se acumula sin gastar desde 2015 cuando entró en vigor la ley 30/2015 del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, según informan a eE fuentes de los agentes sociales. El montante coincide con el cálculo de empresarios y sindicatos que cifran entre 500 y 600 millones lo que cada año se queda sin ejecutar de los fondos que aportan en la cotización a la Seguridad Social, un 0,6% cobrado a las empresas y un 0,1% a los trabajadores.