El Ministerio de Trabajo quiere dar un cambio copernicano al concepto de la indemnización por despido procedente. Así, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desveló ayer tras su comparecencia en el Congreso que su equipo está trabajando en la modificación de las indemnizaciones. UGT ha pedido reabrir la negociación con los agentes sociales para subir la indemnización improcedente de los actuales 33 a 45 días por año trabajado.
Díaz explicó que la idea es ligar la indemnización a las circunstancias de cada trabajador que ha sido despedido y no centrarla en una cifra monolítica en función de una serie de días (33 o 45) por año trabajado. Como ejemplo, la ministra dijo que no se debe indemnizar de la misma manera una trabajadora de 58 años con dificultades para reincorporarse al mercado laboral.
La vicepresidente aclaró que se está produciendo un fuerte debate en el seno de la Unión Europea sobre la conveniencia de modular la indemnización según las circunstancias personales del trabajador que se queda sin empleo.
Además, recordó que ya se han producido dos sentencias el pasado año en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconociendo la posibilidad de una indemnización adicional a la legal por despido improcedente.
La reforma pretende, según explican desde el Ministerio de Trabajo que la indemnización sea "disuasoria" para evitar el despido.
Controlar las horas extra
Por otro lado, la vicepresidenta anunció a los diputados que en breve entrará en vigor un algoritmo que servirá para detectar el uso fraudulento de las horas extras.
Fuentes del Ministerio explican que el algoritmo detectará por un lado la infravaloración de las horas extraordinarias (según el registro de entrada) y un incremento inusual de la realización de actividad poco acorde con las jornadas de su plantilla. Aquellas empresas que el algoritmo detecte indicios de fraude, pasarán a la Inspección de Trabajo.
