Las negociaciones para cerrar el V Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC) están atascadas según confirman tanto fuentes empresariales como sindicales a eE. La exigencia de los sindicatos y la negativa de los empresarios para establecer cláusulas de garantía salarial que aseguren a los trabajadores mantener el poder salarial es el principal escollo para la negociación, aunque no el único.
La protección a asalariados y autónomos por el Covid ha costado a las arcas del estado 31.130 millones de euros durante los años 2020 y 2021. De ellos, 19.630 millones se han destinado a abonar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) y 11.500 millones de euros para los ceses de actividad.
El presidente de la patronal madrileña analiza el plan de choque el día después de que lo aprobase el Consejo de Ministros. Considera que llega tarde, que es improvisado y no ha sido negociado con nadie. De las medidas más lesivas, Garrido no duda sobre cuáles son: topar el alza del alquiler y limitar despidos.
La prohibición de despedir por causas objetivas entre el 1 de abril y el 30 de junio se circunscribe a las empresas que hayan recibido alguna subvención incluida en el plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra (sectores como transporte, primario, renovables o industria electointensiva, entre otras) y aquellas que acudan a un Expediente de Regulación de Empleo (Erte) de nueva generación aprobado en la reforma laboral. Pero, además, el Gobierno incluye una segunda premisa: que en la justificación del despido objetivo se alegue que se hace ante el aumento de los precios de la energía, según explicó ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El equipo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sopesaba ayer la redacción jurídica para "prohibir" despidos objetivos amparados por los efectos económicos de la guerra, pero sin acudir a una prohibición explícita como se utilizó durante la pandemia
Los empresarios rechazan la propuesta de prohibir los despidos objetivos de forma temporal que aleguen como causa el impacto económico de la guerra de Ucrania, tal como avanzó el jueves la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Los sindicatos UGT y CCOO, las asociaciones de autónomos Upta y Uatae, la de consumidores Facua y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) han convocado para la tarde de hoy 57 actos, entre movilizaciones y concentraciones, por toda España para reclamar la contención de los precios y por la protección del empleo. Además, por la mañana habrá concentraciones en los centros de trabajo.
El Gobierno descartó este lunes la bajada de impuestos en el Plan Nacional de Respuesta al impacto de la invasión de Ucrania, que el Ejecutivo quiere aprobar el 29 de marzo.
El principal escollo que dificulta un acuerdo sobre salarios entre empresarios y sindicatos es la inclusión de cláusulas de revisión salarial que garanticen que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo al final de los tres años de duración del V Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC) que están negociando los agentes sociales.
El coste laboral medio que afrontan las empresas españolas se situó a finales del pasado año en 2.874,6 euros por trabajador y mes, lo que supone una subida del 4,4% respecto a finales de 2020. A pesar de ser un incremento alto, pues dobla la media de los años 2018 y 2019; ha ido reduciéndose en los últimos trimestres.