La prohibición de despedir por causas objetivas entre el 1 de abril y el 30 de junio se circunscribe a las empresas que hayan recibido alguna subvención incluida en el plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra (sectores como transporte, primario, renovables o industria electointensiva, entre otras) y aquellas que acudan a un Expediente de Regulación de Empleo (Erte) de nueva generación aprobado en la reforma laboral. Pero, además, el Gobierno incluye una segunda premisa: que en la justificación del despido objetivo se alegue que se hace ante el aumento de los precios de la energía, según explicó ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
A falta de conocer la redacción exacta cuando el Real Decreto-Ley se publique en el BOE, el Ministerio de Trabajo matizó en un comunicado que "el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022". Y aclara que el incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.
"El aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022".
Asimismo, no podrán utilizar estas causas para realizar despidos las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos (Erte) reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público, pues es posible realizar un Erte sin bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social.
Si bien queda claro que las empresas con ayudas públicas podrán despedir una vez finalicen las ayudas públicas, en el caso de los Ertes no es evidente si las empresas acogidas a los expedientes podrán despedir una vez haya terminado el Erte (30 de junio) o tendrán que esperar seis meses como venía sucediendo en los Ertes-covid.
La reforma laboral establece que las empresas que se acojan a los nuevos Ertes deben mantener el empleo durante los seis meses siguientes. Aunque, en caso de incumplirlo, no tendrá que devolver todas las exoneraciones recibidas por el conjunto de las trabajadores incluidos en el Erte, sino sólo las cotizaciones de aquellos que hayan sido despedidos.
El primer RED
Aunque no es parte del paquete de medidas de apoyo aprobado ayer por el Gobierno, el Consejo de Ministro activó el primer Mecanismo RED –creado por la reforma laboral–, destinado a las agencias de viaje. A diferencia de los Ertes destinados a problemas económicos coyunturales, el Mecanismo RED está pensado para problemas de mayor calado, incluso reconversiones sectoriales.
Antonio Garamendi
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cargó ayer contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al respecto de la prohibición de despedir: "Si a la ministra le parece muy bien que no se puede despedir, que monte una empresa ella y que lo haga", espetó en un evento en Zamora, según Efe.
"Si a la ministra le parece muy bien que no se puede despedir, que monte una empresa ella y que lo haga"
Garamendi tildó de "peligroso" empezar a regular mercados que "deben ser libres", en referencia al veto a los despidos para empresas que reciban ayudas o la limitación al 2% del aumento de las rentas de los alquileres, que se incluirán en el plan anticrisis que aprobó ayer el Consejo de Ministros.
"Sorprendente"
De esta forma, Garamendi dejó patente su descontento con estas dos medidas incluidas en el plan Nacional de respuesta el asunto de los alquileres y también con la prohibición de despedir, que llega apenas unas semanas después de la convalidación de la reforma laboral. "Si estamos en el mundo libre, no nos parece muy adecuado este planteamiento", apuntó el presidente de la CEOE que tildó el anuncio de "sorprendente". "A veces, parece que a la gente le divierte despedir, pero las empresas están en un momento muy complicado", subrayó.
El presidente de la CEOE aclaró que, ni para ésta ni para el resto de las medidas, se haya producido ningún contacto entre los empresarios y el Gobierno, una cuestión que lamentó, antes de señalar que para la valoración definitiva de todo el paquete de acciones, la CEOE esperará a lo que se publique en el Boletín Oficial del Estado, "que es lo que de verdad vale". Los sindicatos coincidieron en la falta de contacto con Trabajo.
Gerardo Cuerva (Cepyme)
"No se mantiene el empleo por real decreto", comentó ayer Gerardo Cuerva, el presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa Cepyme. "Dar ayudas para compensar la crisis actual a cambio de limitar libertades y cohartar la flexibilidad en la empresa no tiene sentido", añadió Y advirtió que la situación de crisis se "ha extendido a sectores ya perjudicados que estaban empezando a salir y, después de dos años de desgaste, las ayudas son muy pequeñas para condicionar que la empresa se pueda adaptar".
Paco Aranda (Ceim)
Francisco Aranda, vicepresidente de la patronal madrileña Ceim y presidente de UNO Logística, considera muy perjudicial la medida: "Condena a las empresas a la quiebra ante la imposibilidad de reducir costes para hacer frente a esta compleja situación. Lo que necesitamos ahora son medidas de flexibilidad que nos permitan adaptar nuestras estructuras al nuevo entorno, a la espera de que superemos esta situación, podamos volver a crecer y, por lo tanto, a contratar. Nos deja sin músculo de cara a la salida de la crisis"
