Economía

Trabajo busca cómo impedir los despidos objetivos sin prohibirlos

  • Calviño matiza que las empresas que reciban ayudas deben mantener la plantilla
  • Los agentes sociales no han negociado la medida
  • Díaz: "no hay que despedir a nadie"
Yolanda Díaz, tras un Consejo de Ministros.

El equipo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sopesaba ayer la redacción jurídica para "prohibir" despidos objetivos amparados por los efectos económicos de la guerra, pero sin acudir a una prohibición explícita como se utilizó durante la pandemia

Por otro lado, ni empresarios ni sindicatos han sido convocados a negociar las medidas de ámbito laboral que ultimaba ayer el Ministerio de Trabajo para someter hoy a la aprobación del Consejo de Ministros, según confirmaron ayer fuentes tanto de CEOE como de CCOO y UGT a eE. Según estas fuentes, no se habría producido ni una información, al menos durante la mañana de ayer.

Sánchez, más contundente

El presidente Pedro Sánchez no citó la palabra "prohibir" en referencia a los despidos objetivos durante su intervención en el Foro de Europa Press, aunque de sus palabras se colige que la intención del Gobierno es prohibir de forma coyuntural el despido con un coste de 20 días de indemnización, lo que lo elevaría a 33 días la indemnización.

No obstante, Díaz, que habló tras el presidente, evitó citar "prohibir" e insistió en que la principal medida laboral que se aprobará hoy es el fomento del uso de los Ertes para transitar estos tres meses que durará el plan que se aprobará hoy (del 1 de abril al 30 de junio).

"Las ayudas sociales se complementarán con los Ertes, con un mandato claro: no tenemos que despedir a nadie; hay que ir al mecanismo Erte y que en caso de que se haga un mal uso del mismo, las empresas que acudan al Erte tendrán que devolver las ayudas públicas percibidas y, por supuesto, no podrán despedir a las personas trabajadoras que acudan al Erte", dijo.

El dilema ayer en el equipo jurídico del Ministerio de Trabajo era encontrar la fórmula jurídica para que las empresas tengan que acudir a los Ertes antes de despedir con causas objetivas y, por tanto, con una indemnización de 20 días. Dificultar este despido de forma que tuviesen que optar por la fórmula de improcedente, con un coste de 33 días por año trabajado.

Ertes, la medida adecuada

Díaz resumió así el objetivo: "Hay un mecanismo para proteger a las empresas y a los trabajadores, son los Ertes, y no hay que despedir".

La prohibición de despidos objetivos por ley, tal y como se uso durante la pandemia, ha generado suspicacia dentro del ala socialista del Gobierno. La propia Díaz aclaró que había una parte del Ejecutivo que no las veía adecuadas. Preguntada el viernes a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, por esta medida se mostró esquiva y en ningún momento ofreció su apoyo a los despidos. Ayer matizó algo más en la Asamblea de ATA.

No despedir si hay ayudas

"Las empresas que reciban ayudas directas no podrán dedicar esos recursos a despedir trabajadores porque estamos en un momento excepcional en los recursos públicos. Estos se deben dedicar a garantizar la máxima confianza no solo en el tejido productivo, también a los ciudadanos", dijo. Sin embargo, cuando se preguntó a Calviño si esa prohibición se extenderá también a empresas que no reciban ningún tipo de ayuda pública, la vicepresidenta matizó que "el detalle se conocerá mañana", en referencia al Consejo de Ministros de hoy.

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