El Gobierno descartó este lunes la bajada de impuestos en el Plan Nacional de Respuesta al impacto de la invasión de Ucrania, que el Ejecutivo quiere aprobar el 29 de marzo.
Así se transmitió a los representantes de las comunidades autónomas y de la Federación de Municipios y Provincias (Femp) en la reunión que mantuvieron con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, más la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y donde también se rechazó la demanda de las administraciones de relajar las reglas fiscales, por el momento, sin recibir respuesta a un fondo extraordinario ni a la reducción de gasto público.
Sordo aclaró que ese pacto de rentas debe ir acompañado de un pacto energético y otro fiscal
Por la tarde, se repitió la cita con los líderes de las patronales y los sindicatos. Entonces, el punto del pacto de renta cobró mayor relevancia, con la pretensión por parte del Gobierno de moderar los salarios y los dividendos o beneficios de las empresas. Sobre ello, el secretario de CCOO, Unai Sordo, aclaró que ese pacto de rentas debe ir acompañado de un pacto energético y otro fiscal. Al respecto, rechazó la rebaja fiscal como medida de control de precios.
Antes, por la mañana, el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, señaló a eE que se van "sin saber qué va a hacer el Gobierno, pues llegó a la reunión sin ningún papel y ha comenzado dicha reunión sin ninguna propuesta. Solo nos vamos sabiendo una cosa: no van a bajar los impuestos a la energía que contribuya a reducir la factura".
En términos concretos, la Comunidad de Madrid propuso suspender los impuestos y los costes regulatorios sobre la energía y los hidrocarburos, como ya han hecho Polonia, Francia e Irlanda. Y, además, el compromiso de no subir ningún otro impuesto. También solicitó cambiar la política energética para favorecer la bajada de precios, y preguntó cuál va a ser la consecuencia de Argelia, razón por la que propuso que se deben dar otros pasos como abrir el mix energético a otras formas de producción de energía.
Además, Lasquetty planteó redirigir los fondos Next Generation tal y como permite el artículo 21 del Reglamento del MRR. Y ante una situación imprevistas, cuyas consecuencias de la guerra afectan a la recuperación, demandó levantar obstáculos aduaneros: arancelarios y barreras regulatorias, instó a la creación de un fondo especial, como pasó con el COVID, que permita a las CCAA tomar la deuda correspondiente a ese gasto adicional inesperado.
Por parte de la Junta de Andalucía, entre otras cuestiones, ha expuesto la necesidad de aprobar "de forma urgente" las medidas necesarias, como una bajada de impuestos que tenga un impacto inmediato, cuestión que han solicitado también otras comunidades, "pero que desde el Gobierno Central no se ve como una prioridad".
También se ha planteado por parte de la Junta la puesta en marcha inmediata de grupos de trabajo que aborden de manera sectorial todos los problemas que hay sobre la mesa. De igual forma, ha apuntado la conveniencia de renegociar con Europa los fondos europeos con el fin de permitir una mayor flexibilidad en la utilización de esos recursos para que puedan utilizarse, por ejemplo, para compensar la caída de la recaudación.
La Región de Murcia ha solicitado por su parte al Gobierno central que adopte "decisiones urgentes e inmediatas" para frenar la subida de precios de los carburantes y la energía, que han experimentado incrementos de hasta el 50 por ciento en el caso de los primeros y del 80 por ciento en el caso de la factura de la luz.
Murcia recuerda que "todos los países europeos están tomando medidas para proteger a sus ciudadanos, mientras que en España estamos asistiendo a la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez. Ha pasado ya más de una semana de la Conferencia de Presidentes, donde Sánchez anunció medidas para frenar esta crisis, pero lo cierto es que no se ha hecho nada y cada día que pasa es una losa para nuestras familias, para los trabajadores, para los autónomos o para las pymes", lamentó el titular de Hacienda, Luis Alberto Marín.
No antes del 29 de octubre
Nada dijo al respecto la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Al finalizar ese encuentro que calificó de "diálogo productivo que parte del acuerdo de colaboración de la Conferencia de Presidentes del 13 de marzo en La Palma", pese a que la mayoría de consejeros consultados por eE calificaron la cita de "decepcionante".
Pero sobre el contenido de la reunión, Calviño aseveró que transmitió que las medidas que se adopten cumplirán con el "objetivo claro" del Gobierno de reducir los precios de la electricidad, el gas y los carburantes. Dijo también haber expuesto a los consejeros "los ocho objetivos principales en los que estamos trabajando dentro de un paquete de medidas. Objetivos que son compartidos unánimemente por las comunidades autónomas".
Asimismo, remarcó además que las CCAA han puesto encima de la mesa "sus inquietudes, han hecho sus propuestas concretas y sobre esta base vamos a trabajar en ese paquete que estamos analizando".
Se da por seguro un acuerdo con el transporte
En cualquier caso, la vicepresidenta insistió en que no habrá adelanto de alguna de las medidas que se incluyan en el paquete, a pesar de las presiones de varios sectores económicos. No en vano, ayer se daba por seguro un acuerdo con el transporte tras la reunión mantenida por la mañana con varias ministras y la continuidad durante la tarde.
Por su parte, el presidente de la Femp y alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, dijo no ser partidario de una bajada de impuestos, porque si se realiza sobre mercados en los que la reducción de impuestos no hace bajar el precio –como los hidrocarburos–, "los precios se acaban manteniendo".
Los datos de Eurostat
Este lunes se ha sabido por los datos de Eurostat, que España es el cuarto país de la Unión Europea con más impuestos en la factura eléctrica a los hogares. Así lo recoge el informe correspondiente a la primera mitad de 2021 en relación a un año antes.
Encabezan el podio de países con mayores impuestos en el recibo de la luz a los consumidores domésticos Dinamarca, Alemania y Portugal. Tras España, completan el 'top ten' de países con más carga impositiva Polonia, Austria, Eslovaquia, Italia, Chipre y Bélgica, por este orden.
