Las decisiones de varias comunidades autónomas de cerrar la hostelería o tomar medidas restrictivas de su actividad han desencadenado una avalancha de quejas por parte del sector que denuncia que sin ayudas miles de negocios están abocados al cierre. Los gobiernos regionales han ido reaccionando a esta presión: seis, las que han tomado medidas más drásticas, ya han aprobado algún tipo de plan de rescate para bares y restaurantes o incluso con otros colectivos afectados, principalmente comercio, turismo y el cultural y deporte.

El atasco vuelve al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) por los nuevos Ertes que se están tramitando masivamente y las nuevas prestaciones que se han aprobado, como el subsidio de 430 euros para aquellos desempleados que se quedaron sin ingresos durante el primer estado de alarma. Este colapso podría hacer que el 40% de los perceptores de los Ertes encuentren dificultades para recibir la prestación a tiempo en los próximos meses. La mayoría se concentrará en trabajadores que hayan cobrado de más en estos meses atrás, que podrían llegar al 40% del total, según fuentes sindicales.

El Gobierno, tras acordar con las comunidades autónomas y los agentes sociales, aprobará en las próximas semanas un nuevo cuadro de incentivos a la contratación que pone a las mujeres en el centro. De hecho, desarrolla tres programas específicos para favorecer la contratación indefinida de este colectivo, incluido uno para las afectadas de violencia de género. El texto de actualización del programa de incentivos a la contratación, que podrían llegar, en casos extremos, a 9.500 euros por un contrato indefinido a una persona de colectivos muy vulnerables.

Los 956 inspectores de Trabajo más otro centenar de subinspectores están trabajando fines de semana y festivos para cumplir con las 250.000 actuaciones previstas este año con motivo de la pandemia. La pretensión del Organismo Autónomo de la Inspección -aunque se creó en 2015, el próximo ejercicio será el primer año que cuente con presupuesto propio- es que este 2020 se realicen 100.256 inspecciones relativas al fraude en los Ertes, en concreto en las prestaciones y la posible connivencia entre empresarios y trabajadores; otras 116.189 inspecciones derivadas de la habilitación que se otorgó a los inspectores en junio para que controlen y adviertan a las empresas del riesgo de la exposición al Covid-19 en los centros de trabajo, 30.813 informes de los Ertes y, finalmente, 2.876 inspecciones para investigar denuncias laborales de los trabajadores. En total 250.134 actuaciones.