La Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid remitió ayer una carta al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, solicitando aclaraciones sobre la actual normativa de los Ertes y realizando algunas sugerencias "en aras a la seguridad jurídica", según la misiva a la que ha tenido acceso eE. En concreto, son 13 entre las consultas de aclaración y las solicitudes de cambios normativos.
La quinta se dedica a la aplicación de la cláusula de salvaguarda del empleo que exige el Gobierno a las empresas que se han acogido a un Erte. La Comunidad de Madrid pide al respecto tres aclaraciones: sobre la delimitación del cómputo inicial y final del periodo de seis meses, demanda saber si, en el caso de que no se haya producido desafección de ningún trabajador del expediente, el cómputo es de 12 meses y cuál sería el efecto de incumplir dicho precepto en los últimos seis meses del Erte.
Sobre la penalización en caso de incumplir con la salvaguarda del empleo, la Consejería madrileña pregunta a Trabajo si la penalización (devolución de las prestaciones, aunque no las exoneraciones a la Seguridad Social) se establece por la cuota de cada trabajador despedido o por la de todos los empleados amparados en algún momento por el expediente. Y también, si se establece por centro de trabajo, código de cuenta o sociedad. Finalmente, quiere conocer posibles excepciones a su incumplimiento, en especial el periodo de prueba.
Pero la sanción por incumplir la cláusula de salvaguarda no es la única que preocupa a los responsables en materia laboral del Gobierno madrileño. En este sentido, demandan al Ministerio de Yolanda Díaz una tipificación concreta de los supuestos en materia del Erte que implican potenciales infracciones administrativas.
En la carta se pregunta por las limitaciones al despido regulado en varios RDL que desarrollan los Ertes. En concreto, la Consejería pide aclaración sobre la extensión de dicha limitación, preguntando si solamente es relacionada con la causa que generó el Erte-Covid o si también se extiende a posibles motivos justificados. Al respecto, solicita a Trabajo que establezca la consecuencia jurídica de "tal actuación". Y, muy especialmente, conocer qué sucede cuando un despido colectivo esté avalado por los "representantes colectivos".
Además, plantea otras aclaraciones más concretas como el contenido de la flexibilización de la desafección de los trabajadores; el procedimiento de negociación de prórrogas de Ertes de fuerza mayor por Etop; clarificación de los tránsitos entre modalidades de Erte y su reversibilidad; o impugnación.
Un único texto refundido
Junto a las aclaraciones sobre la gestión de los Ertes, la Comunidad de Madrid hace algunas sugerencias. Entre ellas, que toda la normativa se unifique en un único texto refundido para dar mayor seguridad jurídica o que se haga una tipología clara de tipos de expedientes. Y que se establezcan medidas específicas de formación y reciclaje profesional para las personas afectadas por los Ertes.
