Las autoridades del Gobierno y el Parlamento de Cataluña están en flagrante y vergonzosa desobediencia del marco constitucional y legal español que les lleva, de facto, a actuar como si tuvieran las competencias de un Estado independiente que previamente no se ha declarado. Como este escenario es un imposible metafísico, es obvio que los textos ilegales no van a tener ninguna efectividad jurídica, pero también lo es que llegados a este punto las autoridades de Cataluña van a seguir en la desobediencia, porque les da igual el alcance de la misma y de lo que se trata es de demostrar una capacidad de actuación al margen del Estado. Esto obligará al Gobierno a implementar una serie de medidas, que al final pueden tener que doblegar la voluntad del Gobierno autónomo de forma excepcional. Y eso es exactamente parte de lo que están buscando, por eso el Gobierno ha de medir sus pasos consciente de que la victoria final está con total seguridad del lado de la legalidad.

Esto del Bitcoin recuerda demasiado a las estafas de Fórum Filatélico y Afinsa. Hasta que el roto no fue lo suficientemente grande y afectó a cientos de miles de personas nadie movió un dedo. Con las criptomonedas pasa algo parecido, puesto que las autoridades no están entrando en el fondo de la cuestión y tan solo se muestran preocupadas por la opacidad de las transacciones y porque pueda ser vehículo de blanqueo de dinero. El Bitcoin, y otras criptomonedas, es un problema mucho mayor y mirar hacia otro lado, seguramente por temor a parecer un carca, no resuelve nada sino que puede conducirnos a situaciones desastrosas.

La suma de activos de toda la banca mediana es sustancialmente inferior a los activos del primer banco en España, lo que pone en evidencia que más que de banca mediana deberíamos hablar de pequeña, porque hay una diferencia de tamaño sustancial entre las cinco primeras entidades y el resto. La pregunta que cabe hacerse es si bancos con un tamaño no superior a 70.000 millones podrán mantenerse independientes en el futuro o los grandes van a permitir que lo sean.

Los expertos independientes que han valorado el Banco Popular para el Mecanismo Único de Resolución (MUR) lo han cifrado entre 2.000 millones y 8.200 millones de euros negativos, razón por la que pagar un euro por hacerse con él aún podría parecer mucho.