Los expertos independientes que han valorado el Banco Popular para el Mecanismo Único de Resolución (MUR) lo han cifrado entre 2.000 millones y 8.200 millones de euros negativos, razón por la que pagar un euro por hacerse con él aún podría parecer mucho.
Sin embargo, Banco Santander asegura que obtendrá una rentabilidad por la adquisición de un mínimo del 13% a partir de 2020 y ya aportará beneficios en 2019. Es evidente que si alguna entidad puede conseguirlo es Santander, tanto por tamaño como por la demostrada habilidad con que maneja su balance y el de todas sus filiales, con infinidad de vehículos para titulizar y externalizar carteras de todo tipo. Interpreta la banca al máximo nivel y, no en balde, ha sido la seleccionada por el MUR para evitar el tremendo problema de la liquidación de un banco, que hubiera acarreado grandes dolores de cabeza a la economía española. Todo ello, además, sin ayudas públicas, pues otras entidades compraron bancos por un euro, pero gozaron de un sistema de protección de activos que cubría, al menos parcialmente, pérdidas futuras, algo que, en este caso, no existe.
¿Podría haberse hecho algo antes? En la práctica el banco era invendible por la desconfianza en la calidad de sus activos. Dada la valoración ofrecida por el MUR se constata que tenía un fuerte déficit de provisiones y que las pérdidas latentes de su activo no estaban plenamente reconocidas. Con una morosidad que casi triplica la de las entidades mejor posicionadas y que casi duplica la del sector, Popular era básicamente inviable por la incapacidad de realizar una ampliación de capital que debería haber sido de un mínimo de 5.000 millones de euros para alejar las dudas, al tiempo que se externalizaba su cartera de inmuebles y activos más problemáticos. Nada de todo esto han sido capaces de realizar ni los antiguos ni los nuevos gestores del banco, y el desenlace ha venido rodado por la pérdida de confianza del mercado, esencial en cualquier negocio, pero imprescindible en una entidad bancaria. Y, finalmente, el pánico de ventanilla, es decir, la retirada masiva de depósitos, le ha dado la puntilla en los últimos días.
Se observa en esta crisis bancaria que la supervisión única no aporta mucho frente a la que realizaba el Banco de España. Se ha mantenido en funcionamiento una entidad muy dañada, permitiendo que ampliara capital. Se ha demorado la solución hasta el momento en que ésta se manifestaba ineludible y no se ha realizado prevención alguna que evite que un banco insolvente traslade pérdidas a los inversores. Quizás los postulados por los que se mueve la supervisión bancaria son más iguales de lo que pudiera pensarse y quizás el Mecanismo Único de Supervisión tampoco es capaz de hacer milagros y aguanta las situaciones, como hacía el Banco de España, hasta que los riesgos se vuelven insoportables.
Podría afirmarse que Banco Santander ha ganado con esta adjudicación, pero el compromiso y el esfuerzo de sacar adelante ese balance tan lastrado es muy grande. Ninguna otra entidad española ha dado un paso al frente. No cabe duda que desde el punto de vista reputacional la actuación de Santander resolviendo esta crisis le reporta, o al menos debería reportarle, grandes beneficios, al margen de la rentabilidad económica que pueda obtener. Ha ahorrado a la economía española un trago muy difícil de asumir, sobre todo en un entorno en el que el Gobierno tenía las manos atadas por Europa y ninguna competencia en la materia, que hubiera hecho de cualquier apaño una muy difícil tarea. Aplicar ayudas de Estado resultaba completamente inviable, teniendo que devolver un crédito para salvar a las cajas de ahorros y nunca hubiera sido autorizada una solución en este sentido para un banco privado ni al Gobierno se le hubiera ocurrido plantearla por el gran coste político de la medida.
El MUR va a ser un cortafuegos a la responsabilidad de Banco Santander frente a los accionistas y tenedores de instrumentos de capital del banco, que han perdido todo. Ha sido este organismo el que ha determinado la amortización de los mismos y su nulo valor, por lo que la entidad adquirente no puede recibir reclamaciones en este sentido. Sin embargo, los antiguos gestores es más que probable que tendrán que hacer frente a acciones de responsabilidad si los accionistas e inversores se sienten perjudicados, puesto que la valoración del banco en su venta ha arrojado cifras negativas, lo que evidencia discrepancia entre el valor real de los activos y su valor contable. ¿Podría saberse esta discrepancia cuando se realizó alguna de las ampliaciones de capital? ¿Pudo haber negligencia o culpa en la gestión? ¿Cuál es el papel del supervisor al dar por buenas unas cuentas que ahora se revelan mal valoradas, según parece? Son preguntas que seguramente se irán planteando y a las que es probable se tendrá que responder en los tribunales por quien corresponda. Aun así, a día de hoy, la esperanza y la posibilidad de que los cientos de miles de inversores en Banco Popular que han perdido su dinero recuperen algo son más bien remotas, por no decir nulas.
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