Las autoridades del Gobierno y el Parlamento de Cataluña están en flagrante y vergonzosa desobediencia del marco constitucional y legal español que les lleva, de facto, a actuar como si tuvieran las competencias de un Estado independiente que previamente no se ha declarado. Como este escenario es un imposible metafísico, es obvio que los textos ilegales no van a tener ninguna efectividad jurídica, pero también lo es que llegados a este punto las autoridades de Cataluña van a seguir en la desobediencia, porque les da igual el alcance de la misma y de lo que se trata es de demostrar una capacidad de actuación al margen del Estado. Esto obligará al Gobierno a implementar una serie de medidas, que al final pueden tener que doblegar la voluntad del Gobierno autónomo de forma excepcional. Y eso es exactamente parte de lo que están buscando, por eso el Gobierno ha de medir sus pasos consciente de que la victoria final está con total seguridad del lado de la legalidad.
Así, no podemos ver este proceso como un fin en sí mismo, puesto que la independencia de Cataluña no se va a producir. Es, entre otras cosas, una vuelta de tuerca más, cuando todo esto acabe, que acabará, del victimismo nacionalista que tan buenos resultados les ha venido dando. Una nueva afrenta del perverso Estado español, por inventada que sea, que anotar en todo el catálogo de afrentas que denuncian, la mayoría, por no decir todas, inventadas igualmente.
El Gobierno de Rajoy se adentra en un territorio desconocido por la contumaz desobediencia y con unos instrumentos jurídicos que pueden ser suficientes para solucionar el problema desde un punto de vista legal, pero que no pueden conseguir en el corto plazo que quien está dispuesto a desobedecer lo siga haciendo. Dándose ya por inhabilitados y multados, al parecer no temen las consecuencias penales de sus actos, pues quizá confían en una paz negociada. Mientras tanto, actúan como verdaderos yihadistas del nacionalismo, dispuestos a inmolarse en el altar del procés y ver desde la otra vida, es decir, desde la inhabilitación mientras dure, cómo han escalado un peldaño más en la construcción nacional, convencidos como deben estar de que el día de mañana las palomas les cagarán las cabezas de sus, en el peor de los casos, inhabilitadas estatuas.
Estamos ante un escenario sibilino y escurridizo, porque ni a la presidenta del Parlamento se le puede quitar de su sillón de un plumazo ni a los miembros del Gobierno de Cataluña tampoco, y eso aunque estén cometiendo presuntos delitos flagrantes, todo el tiempo y delante de todo el mundo. Ellos pueden no reconocer la legalidad que les obliga, pero la legalidad sí les reconoce, y, como otros presuntos delincuentes, serán conducidos a un tribunal con todas las garantías, juzgados y, si son culpables, condenados. Ésta es una de las grandezas del Estado de Derecho que puede ser lento, pero resulta bastante seguro. Así que no hay que ponerse nerviosos, porque el Estado es como un gran elefante, puede ir despacio y ser pesado, pero si te haces acreedor a que te pise puede llegar a aplastarte.
Y como después de la guerra siempre viene la paz, como hemos dicho esperarán al momento de la negociación para ser todos indultados una vez que hayan sacado la tajada principal que pretenden obtener, que no es otra cosa que dinero, razón real para toda esta pantomima tras la negativa de Rajoy a negociar un concierto económico para Cataluña. No otra cosa pretenden gestionar con la Agencia Tributaria, principal estructura de estado recién creada, conscientes como deben ser de que sólo mediante un pacto pueden recaudar los impuestos, como hacen las diputaciones forales. Y todo esto que estamos viendo no es más que una escalada más del órdago que Mas le echó a Rajoy, aunque quizás se les está yendo de las manos y, quizás también, la Agencia Tributaria catalana no vaya a gestionar todo lo que ellos pretenden, puesto que el final puede ser de vencedores y vencidos, dado el cariz algo dramático que están tomando los acontecimientos, y el Estado no puede perder bajo ninguna circunstancia.
La situación actual resulta más o menos inquietante, desagradable el espectáculo y lamentable convertir el Parlamento de Cataluña en una especie de Asamblea Nacional Constituyente a la venezolana, con una actuación bochornosa de su presidenta. Pero deberían recordar las autoridades catalanas que no hay más legalidad en España que la española y que es imposible vulnerarla todo el tiempo y a todas horas. Que ir contra un Estado legítimo y con todo el apoyo de la legalidad nacional e internacional, inserto en la Unión Europea y otros muchos organismos internacionales, es imposible y que lo que están haciendo son escenitas, más o menos graves e incómodas, pero que no podrán tener mucha más continuidad en el tiempo tras el 1 de octubre.
Quizás el único riesgo grave que se podría plantear es que todo esto acabe en algaradas callejeras y aparezca la violencia. Tampoco este escenario carece de respuesta por parte del Estado y además las penas por sedición son sustancialmente más graves. No parece que la sociedad catalana, bastante opulenta, esté por la labor de ir a las barricadas. Así que la tranquilidad con la que el mercado y los ciudadanos están sobrellevando todo este desagradable asunto debe seguir y apuesto, sin ninguna duda, por que seguirá.
Para terminar, un pequeño, pero importantísimo detalle. El secretario del Parlamento catalán, un funcionario, no ha firmado, como es preceptivo, la publicación en el Boletín de las leyes ilegales. Si no pueden imponer en la administración actuaciones ilegales, el castillo de naipes se viene abajo mucho antes y ya ha empezado a caerse desde el principio, porque, en el fondo, ni ellos mismos se creen la viabilidad de lo que están haciendo.
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