Los de 2016 "serán unos presupuestos de crecimiento". Con esta frase la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba el fin de los ajustes, que no de las reformas, en las que serán las primeras cuentas expansivas en España desde el año 2010, coincidiendo ademas con el fin de la legislatura.
Por mucho que Juan Rosell se vea obligado a decir que a las empresas no les preocupa la llegada a los gobiernos municipales de Podemos y sus múltiples franquicias, la realidad es que entre los empresarios no sólo existe preocupación, sino auténtica inquietud por lo que ocurre ahora y por lo que puede ocurrir tras las generales de final de año.
El Ministerio de Hacienda está preparando ya el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y el techo de gasto para 2016 que el ministro Cristóbal Montoro apuntaba ayer que "no será muy novedoso" con respecto al de este año.
Juan Rosell aborda este miércoles la Asamblea General de la CEOE apenas una semana después de firmar con los sindicatos mayoritarios el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Un acuerdo que ha sido criticado por algunos sectores de la organización empresarial, pero que el presidente de la patronal española define como "una clara apuesta por el empleo y por el mantenimiento y la mejora de la competitividad" .
Parte de los ministros que forman el núcleo duro de Mariano Rajoy se están movilizando para que uno de los suyos, José Manuel García-Margallo, sea nombrado nuevo vicepresidente económico del Gobierno. Rajoy está ultimando la reforma de su equipo y, una vez que ha decidido mantener la candidatura del ministro Luis de Guindos para la presidencia del Eurogrupo, queda por decidir ahora quién le sustituirá y asumirá así la máxima responsabilidad sobre el área económica del Ejecutivo. El favorito, en cualquier caso, sigue siendo José Manuel Soria, el ministro de Industria, que es el que tiene más apoyos.
Los cambios en el Gobierno y en la dirección del Partido Popular que Mariano Rajoy anunciará antes de finalizar este mes de junio tendrán entre sus objetivos aguantar la legislatura hasta el final del periodo legal establecido. Esa es la intención, a día de hoy, del presidente del Gobierno quien entiende que agotar el mandato es una señal que genera "confianza y estabilidad", tanto a nivel interno como entre los socios europeos y los organismos internacionales que ven con recelo el mapa electoral que se está diseñando en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos.
España vuelve a estar en el punto de mira de los gobiernos de las principales potencias internacionales, de nuestros socios de la UE, de los organismos económicos y financieros internacionales y de las agencias de calificación, que observan con prudencia, pero también con preocupación, el giro previsible en la política española que se adivina tras los resultados electorales del 24-M.
El Pleno del Parlamento Europeo aprobará el próximo miércoles el documento por el que autoriza a la Comisión Europea avanzar en las negociaciones con Estados Unidos para concluir el acuerdo de libre comercio (TTIP por sus siglas en inglés) entre los dos principales bloques comerciales a nivel mundial.
Recuperar los dos y medio millones de votantes que optaron por la abstención el 24-M y reconquistar la confianza de las clases medias antes de las generales de final de año. Estos son los objetivos que se ha marcado el Gobierno y el PP.
Atribuía ayer, Álvaro Nadal, el descalabro electoral del Partido Popular, al "coste de percepción" que tiene la política económica del Gobierno. Y no le falta razón al director de la política económica del Gobierno porque, corrupciones múltiples aparte, el divorcio hoy entre el Ejecutivo de Rajoy y la ciudadanía obedece precisamente a eso, a las percepciones.