Economía

La inestabilidad política, una prima de riesgo adicional

España vuelve a estar en el punto de mira de los gobiernos de las principales potencias internacionales, de nuestros socios de la UE, de los organismos económicos y financieros internacionales y de las agencias de calificación, que observan con prudencia, pero también con preocupación, el giro previsible en la política española que se adivina tras los resultados electorales del 24-M.

Una estabilidad que han podido percibir, y así se lo han transmitido sus interlocutores, los Reyes y el ministro de Asuntos Exteriores en su reciente visita a París; la ministra de Empleo Fátima Báñez durante su encuentro el jueves con su homólogo estadounidense, y también el titular de Economía y ya aspirante oficial a presidir el Eurogrupo, Luis de Guindos, en la capital francesa y durante los contactos informales con sus colegas de la zona euro. "Fuera de España se valora y se reconoce el esfuerzo realizado, se confía en la fortaleza de la recuperación si se continúa con la política económica emprendida, pero empieza a preocupar seriamente la inestabilidad política". Así me comentaba un destacado miembro del Ejecutivo el sentir recibido personalmente y por sus compañeros de Gabinete durante los contactos mantenidos con interlocutores internacionales en la últimas semana.

Probablemente, a eso se refería ayer la vicepresidenta del Gobierno cuando alertaba sobre la preocupación del Gobierno por lo que calificaba de deriva hacia la izquierda radical de Pedro Sánchez y de la vuelta del PSOE a la nefasta política económica de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, que nos sumergieron en la mayor crisis económica conocida en nuestra reciente historia.

Esa es ahora nuestra auténtica prima de riesgo en el mundo, sobre todo de cara a las próximas generales de diciembre. La inestabilidad política que viene, y no sólo la tragedia griega que ya hemos visto en qué se queda y dónde llega, es la que ha disparado la prima real de riesgo hasta los 131 puntos básicos y la rentabilidad exigida a los bonos españoles con vencimiento a diez años hasta rozar sus máximos desde principios de noviembre en los mercados secundarios.

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