El Ministerio de Hacienda elevó el viernes al Gobierno, según los preceptos de la Ley de Estabilidad, un informe en el que detalla, por Administraciones, el grado de cumplimiento del déficit, la deuda y la regla de gasto. El citado informe, al que tuvo acceso elEconomista, no incluye novedades respecto a los dos primeros parámetros, conocidos ya. Pero sí detalla que una decena de comunidades autónomas decidió saltarse por su cuenta y riesgo las normas y elevó sus desembolsos por encima del 2,1 por ciento que, como límite, había fijado con anterioridad el Ejecutivo. El asunto adquiere mayor gravedad en el caso de tres regiones: Navarra y Castilla y León, que casi triplicaron esa tasa; y la Comunidad de Madrid, que gastó un 4,8 por ciento más.

La decisión de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein de no juzgar a Carles Puigdemont por el delito de "rebelión", que sí aprecia el magistrado español Pablo Llarena, ha dejado al Gobierno sin apenas opciones para aprobar los Presupuestos. Fuentes parlamentarias conocedoras de la negociación ven "impensable" que el PNV, que vincula su apoyo a la retirada del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, "pueda cambiar de opinión" a tiempo "sin que sus propios votantes se les echen encima". En ese caso el plan B del Gobierno consiste en sacar las medidas adelante vía decreto.

Después de un sexenio financiándose a través de préstamos del Ministerio de Hacienda, los bajos tipos de interés están animando a las autonomías a plantearse una vuelta en masa a los mercados. Andalucía y Baleares actúan de avanzadilla, y ya han pedido permiso al Gobierno para endeudarse. El objetivo que persiguen es el de "desligarse progresivamente" de los mecanismos de liquidez y eludir así "el excesivo control" que ejerce el ministro Cristóbal Montoro a quienes se benefician del FLA y la Facilidad Financiera (FF).

Para entender la enorme magnitud de la deuda pública española resulta muy útil compararla con otras variables. Por ejemplo, con el salario medio español, situado en los 23.020 euros anuales según la última encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE). En ese sentido, cada español tendría que dedicar el 110% de ese salario para abonar el pasivo público, que por persona, y según el Observatorio de Deuda que publica trimestralmente la Autoridad Fiscal, AIReF, asciende a 25.494 euros al año.