El Ministerio de Hacienda elevó el viernes al Gobierno, según los preceptos de la Ley de Estabilidad, un informe en el que detalla, por Administraciones, el grado de cumplimiento del déficit, la deuda y la regla de gasto. El citado informe, al que tuvo acceso elEconomista, no incluye novedades respecto a los dos primeros parámetros, conocidos ya. Pero sí detalla que una decena de comunidades autónomas decidió saltarse por su cuenta y riesgo las normas y elevó sus desembolsos por encima del 2,1 por ciento que, como límite, había fijado con anterioridad el Ejecutivo. El asunto adquiere mayor gravedad en el caso de tres regiones: Navarra y Castilla y León, que casi triplicaron esa tasa; y la Comunidad de Madrid, que gastó un 4,8 por ciento más.
La regla de gasto es, dentro de las normas de estabilidad fiscal, la más desconocida. Fija el límite por el cual las Administraciones pueden elevar sus desembolsos, y lo hace teniendo en cuenta el crecimiento del PIB a medio plazo. De ahí que el Gobierno determinase que el ejercicio pasado, con un avance del 3,1 por ciento pero a la baja en lo sucesivo, el margen era del 2,1 por ciento. Era el más generoso de los últimos ejercicios. Sin embargo, y a tenor de los resultados, no ha sido suficiente.
Al margen de los casos de Navarra, Castilla y León y Madrid, incumplieron también el citado 2,1 por ciento Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha, en manos socialistas; La Rioja y Murcia, gobernadas por el Partido Popular; Cataluña, donde hasta octubre llevaba la batuta la extinta Junts pel Sí; y País Vasco, bajo el mandato del PNV. Se de-muestra así que la disciplina fiscal no entiende de ideologías, al menos en nuestro país.
Porque, entre las pocas que sí se ciñeron a los límites impuestos por el Gobierno, están Andalucía, Comunidad Valenciana y Baleares, del PSOE; Galicia, del PP; Canarias, bajo el mando de Coalición Canaria; y Cantabria, del PRC de Miguel Ángel Revilla. En esta lista llaman la atención varios resultados. Extremadura, flagrante incumplidora del déficit, fue la única región que rebajó su gasto en 2017, demostrando que, al menos, está haciendo un esfuerzo por reconducir sus cuentas públicas. Algo similar a lo que ha hecho Baleares en los últimos años, que de incumplir los objetivos de estabilidad ha pasado a engrosar la lista de Administraciones más disciplinadas. Mención que merece también Galicia, donde el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo ha hecho de la estabilidad fiscal una de sus cartas de presentación.
El ministro ya cumple
En conjunto, las autonomías elevaron su gasto un 2,9 por ciento frente al 2,1 por ciento legal, al desembolsar 4.003 millones de euros más que en el ejercicio 2016. También infringieron su límite de deuda por más de 7.000 millones de euros. Una situación que contrasta con la de la Administración Central, que incumplió las reglas de los años 2012 a 2015 pero que, por segunda vez consecutiva, se ciñó a los objetivos, tanto de gasto como de pasivo -que no de déficit-.
En un ejercicio marcado por la tardía aprobación de los Presupuestos del Estado, el ministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Montoro rebajó los desembolsos un 3,8 por ciento, lo que supone 3.800 millones de euros menos que el año anterior.
Las Corporaciones Locales, las más saneadas y cumplidoras con la Ley de Estabilidad desde que esta normativa se aprobara, tampoco sorprendieron y lograron cumplir con holgura. En superávit presupuestario, sus desembolsos aumentaron un 0,6 por ciento, tres veces menos de lo que les permitían las normas, y ello pese a las polémicas que el propio ministro Montoro ha tenido con ayuntamientos como el de Madrid.
