Los datos de llegada de turistas extranjeros a nuestro país que ayer ofreció el Instituto Nacional de Estadística (INE) dejaron una lectura más negativa que positiva. Es cierto que las visitas aún crecen el 1,8% hasta junio, pero también lo es el hecho de que se trata del peor registro desde el año 2010.
El dato adelantado deja el PIB anual en el 2,7% por el frenazo exportador y el alza del petróleoEl país se asoma a un deterioro mayor por la parálisis reformista de un Gobierno en minoría
El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que será posible contar con unos nuevos Presupuestos incluso si el Congreso, este viernes, o el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, vetan los nuevos objetivos de estabilidad y el techo de gasto. El Ministerio de Hacienda lanzará las Cuentas Públicas con la senda de déficit anterior y tendrá que ceñirse a un límite del 1,3% para 2019 frente al 1,8% que arrancó de Bruselas. El desfase, de 6.000 millones, tendrá que ser justificado con nuevas medidas tributarias y mayores previsiones de ingresos.
El ex secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, estará situado al frente de la secretaría de Economía y Empleo del nuevo PP de Pablo Casado, según ha adelantado este periódico y ha confirmado después el presidente del partido en rueda de prensa. Pese a que Nadal optó por un perfil secundario en la campaña interna del principal partido de la oposición, finalmente ha decidido aceptar la oferta del presidente popular para dirigir el ámbito desde el que el PP quiere volver al poder.
El Gobierno tendrá casi imposible subir o crear nuevos impuestos tras el previsible veto del Parlamento al techo de gasto, paso previo necesario e ineludible para lanzar unos nuevos Presupuestos. El establecimiento de un tipo mínimo del 15% en Sociedades o el incremento de la fiscalidad del diésel, que podrían haber tenido cabida en las Cuentas de 2019 a las que todavía aspira Hacienda, solo tendrán opción de ver la luz a través de alambicadas mayorías parlamentarias que, además, parecen inviables tras el giro del PDeCat hacia las posturas radicales de Carles Puigdemont.
La AIReF constata que el desvío español camina por fin por debajo del 3%
El déficit casi cuadraba pese al incremento de las pensiones con el IPC y a la subida salarial funcionarios del 1,7%. Apenas un leve desvío recaudatorio en los impuestos de Sociedades y Especiales hacía peligrar el 2,2% pactado con Bruselas. Pero era por la mínima. Hasta que la Administración Central se ha topado de nuevo con los problemas bancarios: 1.700 millones por las pérdidas asociadas a las carteras inmobiliarias de Cam y Unimm, ahora en manos de Sabadell y BBVA y asumidas en parte por el Estado, y otros 1.000 millones que el Santander planea reclamar por la adquisición del Banco Popular. En total, 2.700 millones que contribuirán a que el desvío se eleve al 2,7% al término del año.
Mala señal para España. Las exportaciones de bienes y servicios retrocedieron en el mes de mayo un 0,2 por ciento anual, una cantidad insignificante porque nuestras ventas siguen cerca de máximos históricos, pero que se traduce en un síntoma inquietante: la herramienta que mejor refleja el cambio económico que ha vivido el país en los últimos años amenaza con estancarse.
La subida del techo de gasto en un 4,4%, la mayor que acomete un Gobierno desde el año 2014, amenaza con bloquear el futuro acuerdo presupuestario. Si ya de por sí el Ministerio de Hacienda afronta un más que probable veto del Senado por parte del Partido Popular, que goza de la mayoría absoluta en esta cámara, es incluso posible que ni siquiera logre un acuerdo en el Congreso a partir de la próxima semana. Fuentes de la oposición explican a elEconomista que los 5.000 millones de aumento "no satisfacen a nadie". "PP y Ciudadanos no quieren elevar tanto el techo de gasto. Pero Podemos, socio del Ejecutivo de Sánchez, pidió un incremento de 15.000 millones de euros", explican.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó este jueves, durante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que estudia una quita de la deuda autonómica a través del alivio de intereses y la ampliación de plazos, idea que ya barajaba su predecesor, Cristóbal Montoro. Esa reestructuración a la griega incluirá, además, una novedad: algunas regiones en especial dificultad, como Cataluña y Valencia, podrán beneficiarse de una conversión de pasivo a corto plazo en préstamos a largo que en principio asumiría el Estado.