La subida del techo de gasto en un 4,4%, la mayor que acomete un Gobierno desde el año 2014, amenaza con bloquear el futuro acuerdo presupuestario. Si ya de por sí el Ministerio de Hacienda afronta un más que probable veto del Senado por parte del Partido Popular, que goza de la mayoría absoluta en esta cámara, es incluso posible que ni siquiera logre un acuerdo en el Congreso a partir de la próxima semana. Fuentes de la oposición explican a elEconomista que los 5.000 millones de aumento "no satisfacen a nadie". "PP y Ciudadanos no quieren elevar tanto el techo de gasto. Pero Podemos, socio del Ejecutivo de Sánchez, pidió un incremento de 15.000 millones de euros", explican.
Cabe recordar que el techo de gasto se vota junto a los nuevos objetivos de estabilidad, déficit y deuda. El Ejecutivo pretende lanzar su proyecto presupuestario incluso aunque alguna de las Cámaras vote contra este proyecto, en un conflicto que puede terminar en manos del Tribunal Constitucional. Cuando María Jesús Montero, ministra de Hacienda, lance las Cuentas, la Mesa del Congreso puede alegar, en virtud del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que no acepta el proyecto por el veto al techo de gasto. Y es entonces cuando el Ejecutivo podría decidir acudir a los tribunales.
Montero culpa al PP
Y Montero se teme esta situación. Así lo dio a entender este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la senda de estabilidad y el mencionado techo de gasto, en la que advirtió de que un no de los populares en la Cámara Alta significaría volver a las cifras fijadas por el Gobierno anterior y, por tanto, imponer un ajuste más exigente que el pactado con Bruselas. "No creo que haya un precedente así en la zona euro", recalcó.
La ministra no hizo mención al PP por casualidad. Es la única formación política que hasta ahora ha opinado de forma oficial sobre el nuevo objetivo de déficit. Lo hizo mediante la votación sobre la nueva senda que se vivió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado jueves. Todas las regiones de signo popular votaron en contra de ella, incluida Murcia, una de las regiones con peor déficit.
Si se bloquea la nueva senda presupuestaria, indicó Montero, comunidades autónomas y Seguridad Social perderán unos 5.000 millones conjuntamente para 2019. "Esto acabaría ocurriendo por una pataleta o por el cambio de gobierno, que puede ser. El PP es el partido del cambio mínimo", protestó la ministra andaluza.
Si sucede este escenario, entraría en acción de forma inmediata la vieja senda de déficit con los niveles de deuda más ajustados que aprobara en su momento el Gobierno de Mariano Rajoy.
Montero informó además de los nuevos límites para la regla de gasto (que fija el porcentaje máximo que puede aumentar el gasto en cada administración), que queda en un 2,7% para 2019, un 2,9% para 2020 y un 3,1% para 2021, aunque la idea es que la regla sea flexible para que no limite tanto a las regiones cumplidoras.
En la rueda de prensa también participó Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, quien confirmó las previsiones de crecimiento del PIB para este año y el próximo, con un 2,7% y un 2,4%, respectivamente.
Sin embargo, el panorama se trunca en los siguientes periodos. Calviño indicó que el crecimiento del PIB español se desacelerará unas seis décimas en cuatro años (desde 2018). De esta manera, el incremento del PIB para 2020 se quedará en un 2,2% y en 2021 en una décima menos, un 2,1%, según las previsiones.
Por otro lado, Montero confirmó que el Gobierno planea reestructurar la deuda de las comunidades autónomas de forma equitativa para todas, sin conceder un trato preferencial a ninguna, de manera que se "hagan más transitables las regulaciones de la deuda a medio plazo".
Esta es la vía con la que el Gobierno quiere "posibilitar la salida a los mercados de las regiones, permitiéndoles recuperar la totalidad de su autonomía financiera y de su autonomía política".
Sin embargo, no marcó un plazo para que esto se lleve a cabo, puesto que enmarcó el estudio de la reestructuración de la deuda en los trabajos previos que Hacienda y las regiones van a llevar a cabo para formular una propuesta para reformar la financiación autonómica.
En cualquier caso, Montero reiteró que dicha reforma, a pesar de la insistencia de las comunidades, no se podrá ejecutar a lo largo de esta legislatura.
Calviño prevé un 10,7% de paro para 2021
Nadia Calviño es optimista respecto a la evolución de la tasa de paro en los próximos años. La ministra de Economía y Empresa vaticinó que en 2020 se alcanzará el nivel de ocupados previo a la crisis, de unos 20 millones. Espera una paulatina bajada de la tasa de paro, del 15% en 2018 (por debajo de lo previsto por el gobierno del PP) al 10,7% en 2021, mediante la creación de 1,2 millones de puestos de trabajo durante este periodo, es decir, unos 400.000 empleos nuevos al año.
