El Gobierno tendrá casi imposible subir o crear nuevos impuestos tras el previsible veto del Parlamento al techo de gasto, paso previo necesario e ineludible para lanzar unos nuevos Presupuestos. El establecimiento de un tipo mínimo del 15% en Sociedades o el incremento de la fiscalidad del diésel, que podrían haber tenido cabida en las Cuentas de 2019 a las que todavía aspira Hacienda, solo tendrán opción de ver la luz a través de alambicadas mayorías parlamentarias que, además, parecen inviables tras el giro del PDeCat hacia las posturas radicales de Carles Puigdemont.
Con la creación de nuevos tributos, como la tasa Google y el impuesto a la banca, sucede prácticamente lo mismo. Ya de por sí, el artículo 134 de la Constitución impide el uso de los Presupuestos para diseñar impuestos de nueva creación. Y ello en el caso de que llegaran a aprobarse esas nuevas Cuentas, algo harto difícil. El Ejecutivo tendría que legislar a través de decretos y necesitaría de una mayoría en el Congreso similar a la que le sirvió para desalojar al PP y a Mariano Rajoy del poder para llevar a cabo su misión de recaudar otros 5.650 millones anuales con su nueva política fiscal.
En concreto, y según los Presupuestos alternativos que en su día presentó el PSOE, el nuevo Ejecutivo quería contar con 2.000 millones de euros adicionales en cada ejercicio por la subida de Sociedades para las grandes empresas. Otros 2.000 millones llegarían de mano del establecimiento de un impuesto a la banca para la sostenibilidad de las pensiones. 1.050 millones más corresponderían al tributo a las transacciones digitales. Y los últimos 600, de parte de la equiparación de la fiscalidad entre la gasolina y el diésel.
Pocos apoyos
Sánchez tendría que contar con formaciones políticas de ascendencia contraria, como el PNV y ERC, para dar salida a los nuevos impuestos o subir Sociedades y diésel. Y además necesitaría incorporar al PdeCat, muy poco por la labor de facilitar nada al presidente desde su Congreso del pasado fin de semana y el paso a posturas más radicales.
En otros caladeros, además, el Ejecutivo lo tiene imposible. El PP ya ha hecho saber que no se prestará a apoyar al presidente en nada que tenga que ver con la economía. Y Ciudadanos tampoco parece por la labor. Así, el jefe del Ejecutivo se ve abocado a una mayoría insuficiente para legislar en materia económica y tributaria, con el único apoyo de Podemos y, si acaso, con algún respaldo puntual -en función de la iniciativa- por parte de Esquerra o de los nacionalistas vascos.
El nuevo PP de Pablo Casado es consciente de esa máxima debilidad de Sánchez y sus 84 diputados. Los parlamentarios populares tienen la directriz de votar en contra de toda propuesta que llegue del Ejecutivo, tal y como deslizó el nuevo presidente del partido el pasado lunes. De hecho, es la mayoría de esta formación en la Cámara Alta la que vetará el techo de gasto y los nuevos objetivos de déficit y deuda, que, en virtud de la Ley de Estabilidad Prespuestaria, tienen que ser aprobados tanto por el Congreso como por el Senado.
Pero es que, además, el freno a los numerosos cambios tributarios anunciados por el Gobierno se va a producir en la Cámara Baja, en donde el Gobierno se ha quedado en mínimos tras el viraje del PdeCat, donde los más pactistas (Carles Campuzano, portavoz hasta ahora, y Marta Pascal, coordinadora general de la formación defenestrada) corren el riesgo de quedar en un papel completamente secundario.
Tanto desde el propio PdeCat como desde el Govern de Cataluña se ha escenografiado este cambio con advertencias veladas a Sánchez de que harán valer a sus ocho diputados en el Congreso y que su apoyo a las medidas del Gobierno será "más difícil a partir de ahora".
Sin margen
Pese a que Hacienda va a dar la batalla y explica a este periódico que lanzará "sí o sí" su propio proyecto de Presupuestos, la posibilidad de que no logre el visto bueno a los mismos cobra intensidad. La prórroga de las Cuentas 2018, diseñadas por el PP y aprobadas en base a las negociaciones del exministro Cristóbal Montoro con Cs, PNV, CC y NC, será la única opción con la que cuente el Ejecutivo si decide prorrogar la legislatura.
En ese caso, el Ministerio que comanda María Jesús Montero tendría que lidiar con el déficit que en su día pactó el propio Montoro (del 2,2% para este año y del 1,3% para el próximo), y con el techo de gasto de 119.000 millones de las Cuentas de este año, frente a los 125.200 millones ahora pretendidos. Una barrera restrictiva que, también, impediría cualquier desmán con el gasto y gestos con la sanidad, la educación o los servicios sociales.
