El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el martes en el Congreso de los Diputados las líneas básicas de su mandato, destacando una agenda económica con un giro copernicano con respecto al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y es que Sánchez pretende dejarse un margen adicional de gasto de 16.000 millones entre 2018 y 2019 con el que conquistar a la clase media y a los pensionistas. De ahí que anticipe mejoras en sanidad, educación, servicios sociales y jubilaciones, pero gracias a un incremento notable del déficit público -de al menos medio punto del PIB tanto este año como el próximo-, así como a una preocupante subida de impuestos cuantificada en casi 6.000 millones.

El Gobierno se prepara para impulsar la armonización del impuesto de Sucesiones y Donaciones entre las comunidades autónomas, uno de los tributos que más peleas suscita entre gobiernos regionales por las diferencias abismales en cuanto a tipos y bonificaciones. Así lo hará saber este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el seno del Consejo de Política Fiscal, después de que el nuevo Ejecutivo haya sugerido en varias ocasiones en privado que desea dar este paso, respaldado con mayor o menor entusiasmo por dirigentes autonómicos socialistas de la talla de Javier Lambán, Emiliano García Page o Susana Díaz.

El incremento de precio de los combustibles lastra el consumo desde el verano

El alza fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez hará que la carga tributaria sobre las empresas españolas sobrepase el tipo real del 50% sobre sus beneficios, frente a una media europea del 40,3%. Somos, de hecho, el séptimo país de la UE con mayor presión fiscal sobre el sector privado. Actualmente, y según el informe Recaudación tributaria y tributación empresarial de la patronal CEOE, esa carga se sitúa ya en el 49% por el impacto no ya solo del Impuesto de Sociedades, en el punto de mira de Hacienda, sino también de las cotizaciones, de tributos autonómicos y locales. El alza de cualquier tributo elevará la presión al 50% o incluso más.