Sociedades, tasa tecnológica y a la economía colaborativa, impuestos ecológicos, tributo a la banca, fiscalidad femenina con desgravaciones a empresas que contraten mujeres y armonización de tributos autonómicos. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, compareció ayer en el Congreso para desgranar sus líneas de actuación y confirmó que la subida de impuestos ya está aquí, aunque se llevará a cabo en dos fases.
Una primera, "inmediata", con la presentación en el Congreso de una batería de medidas encaminadas a elevar Sociedades, gravar a empresas tecnológicas y aprobar tributos medioambientales. La segunda llegará con la tasa a la banca, la armonización de impuestos de otras administraciones y la aplicación de una fiscalidad más favorable a la mujer. Con pocos detalles y ninguna cifra de impacto recaudatorio, más allá de la intención de aumentar ingresos "para mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales" como vehículo para proteger "a quienes no notan la recuperación".
Respecto a Sociedades, Montero indicó que será específico "para grandes corporaciones, en ningún caso para pymes y empresas medianas". "Lo que se trata es de intentar acercar el tipo teórico impositivo al real, para que así contribuyan más", indicó, si bien en esta ocasión no se refirió al 15%. Su departamento estima que esas grandes compañías tributan con un tipo de entre el 7 y el 9%.
Y es entonces cuando pasó a hablar de los servicios digitales, la famosa tasa Google, y lo hizo para apuntar también a la "economía colaborativa". Si su equipo no precisó a este periódico si se refería a compañías como Airbnb, lo cierto es que las palabras de Montero, que habló de cobrar impuestos "a actividades que generen ingresos creados a partir de servicios digitales", apuntan a esa plataforma y otras como Blablacar, Uber o Wallapop.
Por último, y en esa primera fase de subida de impuestos, también llegará el que pretende gravar más al diésel, aunque en este punto su discurso sonó contradictorio con el pronunciado por el de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Si la segunda predijo un rápido final de este combustible, la segunda insistió en que no afectará "ni a autónomos ni a profesionales". La intención del Gobierno, dijo Montero, no pretende alterar la actividad económica. "Además no hay afán recaudatorio", apuntó.
La segunda fase se complementará con el impuesto a la banca, aunque la titular de Hacienda tampoco explicó el modo en que se gravará a este sector, en pie de guerra por los anuncios del Ejecutivo. También se abordará, y ya en el seno de las discusiones por la reforma de la financiación autonómica, la "posible armonización de figuras tributarias" que generan disparidad entre territorios. Sucesiones y Donaciones parece, en este caso, la víctima, aunque deberá requerir un consenso político que parece imposible.
Lo que sí dijo Montero es que con su política fiscal pretende un cambio: cubrir obsolescencias de nuestro sistema, hacerlo más redistributivo y dirigido a aumentar los ingresos para elevar el gasto y hacer la sociedad "más inclusiva para que no se beneficien los de siempre". "Creo en un modelo fiscal progresivo donde se aporta en función de la capacidad y se recibe en función de la necesidad", remachó.
Más gasto... y más déficit
Montero también confirmó que su gabinete trabaja ya en la elaboración de los Presupuestos de 2019, e indicó que "en las próximas semanas" se convocará el Consejo de Política Fiscal para fijar los límites de deuda y déficit e informar del techo de gasto y se llevará a la Cámara Baja para su votación. Pese a que el PP y Ciudadanos insisten en que un veto de la oposición devolverá el proyecto al Gobierno, el Ministerio confía en que logrará el respaldo para presentar las Cuentas.
Éstas incluirán una elevación del límite de gasto no financiero, que quiere cubrirse con lo que recauden los nuevos impuestos. El problema, y así se lo afeó la oposición, es que por ahora solo hay anuncios, pero no cifras. El déficit, de hecho, no apareció en su discurso hasta la réplica, y en ella aprovechó para cargar contra la "austeridad excesiva, que puede resultar dañina para el crecimiento y el empleo". Montero dijo que "vamos a dialogar, pero no vamos a ser insumisos" y garantizó que cuando Europa "ponga deberes", "cumpliremos o estaremos próximos a cumplir". Se deduce que el Ejecutivo tratará de renegociar límites en estos meses.
Más gasto también se utilizará para financiar las autonomías, "víctimas del ajuste más injusto" y que necesitan más recursos. "Soy una autonomista clara", indicó, si bien reconoció que a la reforma del sistema "no da tiempo".
Con la fiscalidad como pivote de su discurso, Montero anunció que llevará a la Cámara Baja una nueva ley para luchar contra el fraude. Aseguró que incluirá cambios en la lista de morosos que publica el Ministerio y que "incluirá también a responsables solidarios" de deudas con la Administración Tributaria. Desde su equipo explicaron que se refiere a los administradores de empresas que acumulen grandes deudas.
La ley también incluirá una actualización de la lista de paraísos fiscales, con nombres como Panamá o Emiratos Árabes Unidos en el candelero. Por último, tratará de "combatir" el hecho de que las grandes multinacionales pueden hacer "planificaciones fiscales abusivas", en relación a eludir al fisco en países donde los tributos sean más altos.
