El alza fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez hará que la carga tributaria sobre las empresas españolas sobrepase el tipo real del 50% sobre sus beneficios, frente a una media europea del 40,3%. Somos, de hecho, el séptimo país de la UE con mayor presión fiscal sobre el sector privado. Actualmente, y según el informe Recaudación tributaria y tributación empresarial de la patronal CEOE, esa carga se sitúa ya en el 49% por el impacto no ya solo del Impuesto de Sociedades, en el punto de mira de Hacienda, sino también de las cotizaciones, de tributos autonómicos y locales. El alza de cualquier tributo elevará la presión al 50% o incluso más.
El documento de CEOE, elaborado a finales del año pasado, refleja cómo las cotizaciones, que sostienen en último término el pago de las pensiones, acumulan la mayor parte de esa carga tributaria sobre beneficios, con el 35,6% del 49% total. Después vendría Sociedades, que afecta al resultado el 12,4%, mientras que el resto de figuras tributarias tendrían un impacto menor, del 0,7%.
"La presión fiscal sobre las empresas españolas está en línea, sino es más alta, con el del resto de compañías europeas", señalan desde la patronal que comanda Juan Rosell, advirtiendo de que la más que posible subida de Sociedades, "si no se compensa con la bajada de otros impuestos como las cotizaciones", puede lastrar la actividad, retraer la inversión nacional e internacional "y en último término reducir la recaudación a medio plazo, logrando un efecto no deseado".
Desde el departamento fiscal de CEOE denuncian que los datos que da el Gobierno sobre la tributación de Sociedades -Hacienda cree que la gran empresa paga entre un 7 y un 9% y apuestan por elevar el tipo efectivo al 15%- son "poco honestos", porque en el caso de los grandes grupos empresariales hay que tener en cuenta "no solo la tributación en España, sino también en el extranjero".
Y hay otro factor aún más nocivo: la falta de concreción de las medidas "está generando incertidumbre", no ya solo porque no se sabe con certeza qué se quiere aprobar, sino también porque no está claro que pueda hacerse. "El Gobierno tiene una debilidad parlamentaria evidente", advierten.
Sociedades, a día de hoy, recauda el equivalente al 2% del PIB en España, frente a una media del 2,4% en el seno de la Unión Europea. El año pasado apenas se sobrepasaron los 23.500 millones frente a los 44.000 millones captados en 2007. La patronal reconoce el dato como cierto, pero recuerda que, junto a las cotizaciones, las empresas dejan en las arcas públicas más de 105.000 millones de euros, el 10,2% del PIB (y eso con datos de hace un par de años). Mientras, la tasa europea se sitúa en el 10,4%, prácticamente igual.
Mayor coste para la empresa
El miedo y la incertidumbre del sector privado no se limita únicamente al anuncio sobre Sociedades. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha prometido elevar la fiscalidad del diésel, y si bien asevera que dejará fuera del incremento a profesionales y autónomos, aún no está clara la vía por la que optará. Su compañera de gabinete, Teresa Ribera, había augurado el fin de este combustible, provocando alarma en patronales sectoriales como Anfac y Ganvam.
También están por llegar impuestos a las tecnológicas y las empresas de economía colaborativa, aún sin clarificar; y a la banca, muy contestado por el sector. En este caso, además, la incertidumbre es máxima, pues el Ejecutivo no clarifica en qué consistirá el gravamen -el viernes tampoco lo hizo la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros- y mantiene el discurso augurando una recaudación de 1.500 millones.
Pero hay más. Con el objetivo de facilitar el pago de las pensiones, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, puede propiciar un destope de cotizaciones para los asalariados que perciben más de 45.000 millones anuales. "El sistema es contributivo, sí, pero también solidario", advirtió la titular del departamento en su comparecencia parlamentaria del pasado jueves. El coste, calculado por este periódico en base a un documento que manejaba el anterior Gobierno del Partido Popular, podría ascender a 4.470 millones de euros, de los que 3.720 millones serían asumidos directamente por la empresa privada y el resto, 742 millones, por el millón de empleados que hoy ganan más de esa cantidad.
Y no nos podemos detener ahí. La intención del Ministerio de legislar para que la cotización de los empleos temporales y fijos sea la misma también incrementará los costes laborales, si bien CEOE y otras patronales aún no han logrado cuantificar el efecto. La intención de Trabajo pasaría por incluir en las cotizaciones que pagan los empresarios de esos empleados temporales conceptos como festivos, vacaciones o pagas extraordinarias, ahora no incluidos en empleos de muy corta duración.
Preocupación empresarial
Al margen de la CEOE, que ha encargado un informe de impacto de las medidas del Gobierno, la preocupación es máxima en otras organizaciones y entre las empresas. Sobre todo, por los impuestos, aunque no solo. José Luis Feito, presidente del IEE, cree que los anuncios del Ejecutivo van a afectar a la confianza de los agentes económicos "y antes o después debilitarán mucho la economía", algo que impactará también en el déficit público. Un déficit, además, que España no va a cumplir, según reconoce ya la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Respecto a la subida de tributos, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) alertó sobre los perjuicios que tendría para la economía y la industria "condenar" a los motores diésel, y señala que implantar "impuestos verdes" y tasas medioambientales tiene un efecto contraproducente. A su juicio, la eficiencia en el transporte y en la logística depende de tareas productivas en las que su sustitución es "muy difícil, muy costosa o ambas cosas", y produciría pérdidas de competitividad "que se pagarán" en términos de empleo.
Anfac, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles, advierte de que el "veto" del Ejecutivo al diésel puede dañar el empleo del sector, en un país en el que la fabricación de vehículos que usan este combustible emplea a 40.000 personas en 17 plantas en total.
Por su parte, la AEB y la CECA ya advirtieron también de que una tasa bancaria afectará seriamente a la solvencia de las entidades.
