Pedro Sánchez ya tiene Presupuestos. No los suyos, sino los del PP, que dejó el Gobierno a instancias de la moción de censura de los socialistas y que ahora deja el trabajo hecho al nuevo presidente para apuntarse los tantos de la subida de las pensiones con el IPC; del incremento del salario de los funcionarios el 1,7 por ciento; del aumento del gasto en infraestructuras e I+D; o de la mejora de la financiación autonómica en 4.000 millones.
Los populares pueden devolver el texto a Moncloa con su mayoría absoluta en la Cámara BajaLa ministra Montero justifica la demora y dice que antes hay que pactar el déficit autonómico
El Gobierno se resiste a llevar el techo de gasto de 2019 al Parlamento por el previsible rechazo de la mayoría absoluta del PP en el Senado, hecho que devolvería el texto al Ejecutivo. En principio, la votación del mismo debe producirse antes del 30 de junio, aunque existen mecanismos para retrasarla hasta un mes. Hacienda, de hecho, ya piensa en el 30 de julio. Formalmente, la ministra del ramo, María Jesús Montero, insistió el miércoles en que es preciso convocar antes el Consejo de Política Fiscal y distribuir los límites de déficit y deuda por Administraciones como paso previo a la presentación del límite de gasto. Pero, extraoficialmente, las razones residen en la debilidad parlamentaria de los de Pedro Sánchez, que cuentan con 84 de los 350 escaños en el Congreso y son segunda fuerza en el Senado.
El retraso en la subida de tipos, confirmada por Mario Draghi tras la última reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), regalará al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez un colchón de 5.000 millones por la rebaja del coste de la deuda. Ese dinero servirá para pagar el incremento de pensiones con el IPC -1.600 millones- y la rebaja de IRPF -1.500- sin que haya tensiones presupuestarias. Así se lo confiesan a este periódico fuentes del anterior Ejecutivo, considerando que Sánchez "tiene el año hecho" y solo puede acumular problemas desde 2019, ejercicio en el que Bruselas exige un ajuste estructural de 6.200 millones.
Los máximos responsables de las áreas económicas del anterior Gobierno del PP, artífices de la recuperación económica, el reequilibrio en las cuentas públicas y el saneamiento de la economía, tienen claro su posicionamiento de cara al próximo congreso que elegirá al nuevo líder del Partido Popular el próximo mes de julio. La apuesta de la mayoría de ellos es la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, tal como han trasladado fuentes parlamentarias al diario elEconomista. En esa lista están Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, y su secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal; la extitular de Empleo Fátima Báñez; el exministro de Energía Álvaro Nadal; y el exresponsable de la cartera de Fomento Íñigo de la Serna, a quienes muchos veían presentándose él mismo pero que declinó la oferta por su cercanía a la exvicepresidenta.
El dato cobra valor por el repunte del euro, por encima de 1,20 dólares en el primer cuatrimestreEl déficit comercial aumenta casi un 20% por el tirón de la importación, también en récord
En apenas 17 días de Gobierno, el presidente Pedro Sánchez ha efectuado una batería de promesas cuyo coste asciende, por ahora, a 2.500 millones de euros. El restablecimiento de la sanidad universal, la futura eliminación de los copagos farmacéuticos o la decisión de suprimir peajes se han adoptado sin una sola medida de ajuste compensatoria y sin tener en cuenta a la Comisión Europea, que ya ha advertido que España incumplirá este año su meta de déficit y deberá acometer un ajuste estructural de 6.500 millones el próximo año.
El pasivo avanza 16.315 millones en tres meses y se acercará a los 1,2 billones al final de 2018El fin de los estímulos del BCE elevará intereses y complicará la refinanciación a medio plazo
La deuda pública, que creció en 16.315 millones de euros durante el primer trimestre del año y se sitúa en el 98,8% del PIB, se consolida como la principal amenaza de la economía española. En un 2018 en el que se mantienen vigentes los mecanismos de financiación de las comunidades autónomas; y en el que el Tesoro va a tener que captar más de 15.000 millones para pagar las pensiones, el pasivo puede reflejar su mayor aumento desde 2014, acercándose a los 1,2 billones de euros y complicando enormemente su refinanciación a medio plazo.
Está claro que los votos valen más que la estabilidad del país. Lo demuestra el nuevo Gobierno, dispuesto a mantener su hoja de ruta de revalorización de pensiones con el IPC, y lo demuestra el PP, que impuso la reforma de 2013 pero que ahora se sube al carro de subir jubilaciones con la inflación. No perdamos de vista que, en mayo de 2019, nos jugamos las habichuelas en las autonómicas y municipales. Y en las europeas.