El Gobierno se resiste a llevar el techo de gasto de 2019 al Parlamento por el previsible rechazo de la mayoría absoluta del PP en el Senado, hecho que devolvería el texto al Ejecutivo. En principio, la votación del mismo debe producirse antes del 30 de junio, aunque existen mecanismos para retrasarla hasta un mes. Hacienda, de hecho, ya piensa en el 30 de julio. Formalmente, la ministra del ramo, María Jesús Montero, insistió el miércoles en que es preciso convocar antes el Consejo de Política Fiscal y distribuir los límites de déficit y deuda por Administraciones como paso previo a la presentación del límite de gasto. Pero, extraoficialmente, las razones residen en la debilidad parlamentaria de los de Pedro Sánchez, que cuentan con 84 de los 350 escaños en el Congreso y son segunda fuerza en el Senado.
Fuentes parlamentarias explican a elEconomista que Sánchez está cercado en la ecuación. Si en el mejor de los casos lograse una mayoría en el Congreso similar a la que utilizó para derribar a Mariano Rajoy -se apoyó en Podemos, PNV, ERC, PdeCat y Nueva Canarias-, el Senado podría cerrarle el paso con un portazo de los populares en virtud del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y el plazo aprieta. Una devolución al Gobierno implicaría que el presidente se queda sin apenas tiempo, pues entrar en agosto sin techo de gasto implica, casi con seguridad, que no habrá nuevos Presupuestos para el año que viene.
Sobre los objetivos de estabilidad y límite de gasto, poco o nada se sabe por ahora. Montero dijo en el Congreso que el Gobierno "trabaja intensamente" por "redoblar el compromiso de estabilidad presupuestaria" con Bruselas, roto durante años porque el anterior Ejecutivo "no cumplió ni un año el límite de déficit". Y poco más. No hay explicación oficial sobre cómo se pagarán anuncios como el de la sanidad universal, el fin del copago o la subida de pensiones con el IPC en un escenario en el que la Comisión Europea exige a España un ajuste estructural de 6.200 millones -el 0,5% del PIB- el próximo año.
El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que elegir, de cara al techo de gasto, sobre si negocia con sus socios naturales o, por el contrario, avanza con el PP y Ciudadanos. Y es aquí donde tiene un problema de enormes dimensiones. Estos dos últimos partidos se muestran dispuestos a hablar con el Gobierno socialista, pero en privado reconocen que el presidente lo tiene francamente difícil para lograr su respaldo a un texto que incluirá implícitamente la eliminación de parte de la obra del anterior Ejecutivo.
Por contra, si Sánchez decide tirar de sus aliados naturales, como Podemos, deberá asumir peticiones que a efectos de consolidación fiscal serán inviables. "No vamos a apoyar un techo de gasto dictado por la troika", advirtió, la semana pasada, Pablo Echenique, secretario de organización de la formación que dirige Pablo Iglesias.
En cualquier caso, si el nuevo presidente decidiese apoyarse en este partido y atender sus demandas -además de las de los nacionalistas catalanes y vascos y de los partidos canarios-, se encontraría con una oposición frontal en el Senado por parte del PP, que pese a sus diatribas internas mantiene intacto su compromiso con la reducción del déficit público y clama contra los incrementos de gasto anunciados por Sánchez en sus primeras semanas al frente del Gobierno. No hay una sola señal que lleve a pensar en una hipotética abstención.
De la aprobación del techo de gasto antes de agosto dependerá, en la práctica, la aprobación de unos Presupuestos para 2019
Sí, como parece, el Ejecutivo socialista no obtiene el respaldo para el techo de gasto antes del 30 de julio, tendrá prácticamente imposible aprobar unos nuevos Presupuestos para 2019, herramienta que Moncloa considera imprescindible para demostrar que puede gobernar.
Varios expertos consultados consideran que aún habría tiempo para que se volviera a intentar, a lo largo del verano, aprobar de nuevo los objetivos de déficit y el límite de gasto, pero con un resultado que se prevé similar. Una mayoría improbable en el Congreso y un veto más que predecible en el Senado.
En esas circunstancias, Sánchez tendría que aguantar hasta que quiera convocar elecciones generales con una prórroga presupuestaria de las Cuentas 2018, a punto de aprobarse en el Gobierno.
La situación sería inédita, porque María Jesús Montero ya ha advertido por activa y por pasiva que el proyecto actual "no gusta a este Gobierno". Sin embargo, podría suceder que tuviera que volver a defenderlo a finales de este año, cuando no quede más remedio que enviar el proyecto a Bruselas que después tiene que aprobar el Parlamento.
La carencia de unos Presupuestos socialistas implicaría, además, que Pedro Sánchez tuviese que replantear su intención de prolongar la legislatura hasta 2020. Pese a que hay mecanismos que permitirían gobernar con prórrogas, Moncloa no contempla ni como mera hipótesis la posibilidad de estar atada al Presupuesto del PP durante todo ese tiempo. La posibilidad de que los comicios se celebrasen en 2019 volvería a cobrar fuerza.
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