La deuda pública, que creció en 16.315 millones de euros durante el primer trimestre del año y se sitúa en el 98,8% del PIB, se consolida como la principal amenaza de la economía española. En un 2018 en el que se mantienen vigentes los mecanismos de financiación de las comunidades autónomas; y en el que el Tesoro va a tener que captar más de 15.000 millones para pagar las pensiones, el pasivo puede reflejar su mayor aumento desde 2014, acercándose a los 1,2 billones de euros y complicando enormemente su refinanciación a medio plazo.
El incesante incremento de deuda, hoy en 1,16 billones, coincide en el tiempo con un repunte de la inflación por encima del 2% y con el anunciado fin del programa de estímulos y de compra de deuda del Banco Central Europeo (BCE). Una normalización monetaria que elevará, en unos meses, los tipos de interés con los que captamos dinero en los mercados, haciendo mucho más compleja la devolución de lo que hasta hoy nos han prestado los inversores.
Cabe recordar en este punto que, desde 2012, España se ha beneficiado enormememente de la actuación del organismo que preside Mario Draghi, notando cómo los intereses de letras, bonos y obligaciones se reducían constantemente hasta el punto de pasar a negativo incluso en los plazos a tres años. Es algo que, hace solo un lustro, parecía algo exótico, y que sin embargo, ha aliviado nuestras Cuentas Públicas hasta el punto de rebajar la factura de intereses pese al incremento del volumen de pasivo. Este año, por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), cree que pagaremos 25.800 millones de euros, pese a que el anterior Gobierno presupuestó más de 31.000 millones.
Cambio de escenario
Esa época está llamada a su fin. Antes de la crisis, lo lógico es que nuestro país captara financiación a diez años con un tipo de entre el 3 y el 4%, y no de entre el 1,5 y el 2%, como ahora. Todo apunta a que a medio plazo, cuando el BCE finalice compras y eleve los intereses, caminaremos hacia ese escenario. Y se debe tener en cuenta que algunas entidades bancarias como BBVA calculan que el incremento generalizado de un punto de interés le puede costar al país unos 10.000 millones de euros anuales. Ello, además, en pleno proceso de reducción del déficit.
Pese a que la mejora de los fundamentales de la economía española es generalizada, con el PIB creciendo por quinto año consecutivo y el paro rebajándose a razón de dos puntos por ejercicio, el último lustro no ha sido aprovechado para reducir la deuda pública con brío. El porcentaje se ha mantenido razonablemente contenido desde 2014, siempre entre el 98 y el 99%. Pero el volumen no para de avanzar. En plena recuperación económica, desde que el PIB tornó a positivo, ha sumado 120.000 millones de euros, ya que a finales de 2014 se situaba en los 1,04 billones y ahora sobrepasa los 1,16.
Solo los municipios bajan
El problema de la deuda parece, además, generalizado. Según los datos que hizo públicos el Banco de España, la Administración Central elevó su pasivo hasta 1,027 billones, un 4,2% más que hace solo un año. Mientras, las comunidades autónomas también empeoraron su dato y suman ya 289.000 millones en números rojos, un 3,7% más que en el primer trimestre de 2017. La tasa equivale al 24,7% del PIB.
Solo los municipios, saneados y con superávit, siguen reduciendo su deuda, que ahora está situada en poco más de 28.000 millones de euros. Ellos componen la única administración que, además, cumple la Ley de Estabilidad antes de tiempo, pues tenían que establecer su pasivo por debajo del 3% en el año 2020 y lo han logrado mucho antes de lo previsto.
