Según lo establecido en la Disposición Final Octava de la Ley 25/ 2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturasen el sector público, el pasado día 15 de enero, entró en vigor la obligación, para la inmensa mayoría de contratistas, de facturar sus prestaciones a las Administraciones públicas de forma electrónica, eliminando, con carácter definitivo y salvo puntuales excepciones, la factura en papel del ámbito público.