En 2011, el Gobierno de Andorra diseñó una estrategia para la transformación del modelo económico y favorecer su diversificación y apertura económica. Se trataba de fortalecer y dar nuevas oportunidades a los sectores tradicionales de la economía andorrana, propiciando a la vez, nuevas actividades y la llegada de inversores internacionales. Sin embargo, la apertura económica requería un marco fiscal homologable a los estándares internacionales en términos de transparencia, cooperación en materia fiscal y lucha contra el blanqueo de capitales.