Las constructoras y los fondos de inversión atisban una oportunidad para que se reactiven por fin los proyectos de infraestructuras en régimen de concesión en España a través de un cambio normativo que llevan más de cinco años reclamando sin éxito.
Abengoa se queda sin su filial uruguaya Teyma, la más importante del grupo andaluz en el mundo. Ante el impago de las obligaciones por parte de la ingeniería, que se halla en concurso de acreedores, el fondo de inversión Newfoundland Capital Management ha ejecutado esta semana sus derechos recogidos en el acuerdo de reestructuración financiera de la sociedad suscrito en 2018, según indican fuentes financieras conocedoras a elEconomista.es.
Sacyr impulsa su posición en Colombia en el negocio concesional. Y lo hace con un proyecto de relieve como el Canal del Dique, en el río Magdalena, una infraestructura fluvial que contará con una inversión de 3,1 billones de pesos colombianos (688 millones de euros al cambio actual).
Acciona redobla su apuesta por el negocio de de energía eólica marina (offshore) en Italia con un segundo proyecto de gran envergadura que alcanza una inversión estimada de más de 1.450 millones de euros. En concreto, su filial Acciona Energía ha trasladado a las autoridades transalpinas una propuesta para ejecutar un parque eólico flotante en el Mar de Cerdeña, a al menos 35 kilómetros de la costa, con una capacidad de 480 megavatios (MW).
ACS ha proseguido en el segundo trimestre con las desinversiones de activos no estratégicos y entre las operaciones ya concretadas figura la venta del 49% que controla en la autopista A7 Hamburgo-Neumünster, en Alemania.
Telefónica Infra espera recibir las ofertas vinculantes por el 49% del capital de su futura sociedad de fibra óptica rural española a inicio de la próxima semana y prevé revelar el comprador de esos activos el próximo 28 de julio, minutos antes de anunciar los resultados del segundo trimestre. Según ha podido saber elEconomista.es de fuentes conocedoras de la situación, la filial de infraestructuras del grupo español dispondrá de plazo suficiente para valorar las propuestas definitivas, que llegarán al inicio de la próxima semana, y elegir al mejor candidato.
Construcciones Rubau ha acordado la venta del 45% en Concesionaria Bicentenario, operadora de la autopista de peaje Libramiento de Celaya, en México, a Xinfra Fibra-E, un fideicomiso de inversión mexicano, promovido por Promotora MexPac, que cotiza en la Bolsa Institucional de Valores (Biva). La constructora catalana culmina, de este modo, una primera operación de desinversión dentro del proceso que inició en 2021 para traspasar sus dos autopistas en régimen de concesión en México, tal y como adelantó este diario.
El operador británico de autobuses y trenes Go-Ahead celebrará su junta de accionistas para decidir sobre la oferta pública de adquisición (opa) que han lanzado Globalvia y la australiana Kinetic el próximo 8 de agosto. En dicha asamblea los accionistas deberán decidir si aceptan la oferta de la alianza hispano-australiana, instrumentada a través del vehículo Gerrard Investment Bidco y que valora la compañía inglesa en más de 750 millones de euros.
El proceso de venta de Socamex, la filial de agua de Urbaser, encara su recta final y lo hace con un número muy reducido de postores. Sacyr y el grupo galo Saur, que habían entrado en la fase de ofertas indicativas, presentadas a finales de mayo, se han caído del proceso, según confirman fuentes financieras al tanto de la operación. Su salida allana el camino para Aqualia, la compañía propiedad de FCC y el fondo australiano IFM, que continúa en la puja y presentará en los próximos días una oferta vinculante para adquirir Socamex. Peleará en ella previsiblemente con varios fondos.
Las constructoras sancionadas esta semana por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por, según su resolución, alterar durante 25 años, entre 1992 y 2017, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y la obra civil de infraestructuras acusan al organismo que preside Cani Fernández de “falta de rigor” por cuanto “prescinde de los necesarios elementos de prueba, basándose en meras apreciaciones subjetivas, opiniones o sospechas, que vulneran el derecho de las empresas a la presunción de inocencia, incurre en error al valorar equivocadamente las conductas investigadas como prácticas colusorias y vulnera el principio de proporcionalidad al imponer unas sanciones manifiestamente desproporcionadas”.