Las constructoras y los fondos de inversión atisban una oportunidad para que se reactiven por fin los proyectos de infraestructuras en régimen de concesión en España a través de un cambio normativo que llevan más de cinco años reclamando sin éxito.
La modificación de la ley de desindexación de la economía española para mejorar el retorno de las nuevas concesiones es una demanda que ni el Gobierno de Mariano Rajoy, primero, ni el de Pedro Sánchez, después, han atendido, propiciando una parálisis prácticamente total de la contratación de infraestructuras concesionadas y que decenas de proyectos hayan quedado en los cajones de las Administraciones Públicas. Sin embargo, ahora, el PP de Alberto Núñez Feijóo ha abierto la puerta a que la situación cambie.
El Grupo Popular ha remitido al Congreso una Proposicion no de Ley para adoptar medidas de impulso a la colaboración público-privada
El Grupo Popular ha remitido al Congreso una Proposición no de Ley para adoptar medidas de impulso a la colaboración público-privada para el desarrollo de grandes infraestructuras como palanca para la recuperación económica. En ella insta al Gobierno a modificar el artículo 10 del Real Decreto 55/2017 que desarrolla la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española con el fin de mejorar el instrumento de deuda de referencia y el diferencial con el que se calcula la tasa de descuento para incrementarla y permitir obtener "una rentabilidad razonable al sector privado".
La normativa actual impone un límite a las rentabilidades de las concesiones públicas. En concreto, lo fija en el rendimiento del bono español a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos. La escalada del interés de la deuda pública de los últimos meses arroja un nivel de tasa de descuento en este momento del 4,35%, antes de impuestos, pero a finales de 2021 se situaba en apenas el 2,31%. Porcentajes, en todo caso, que están alejados de los que se ofrecen en países de la OCDE en los que el retorno de las inversiones en infraestructuras alcanzan el doble dígito o de los criterios mínimos de constructoras y fondos que lo sitúan en el 7-8%.
Es por ello que constructoras y fondos se han descolgado en los últimos años de multitud de proyectos concesionales, que no han podido ver la luz. Así ocurrió con el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) o el programa de depuradoras de Castilla-La Mancha. Otros aguardan una solución, como el nuevo hospital de Málaga, la Ciudad de la Justicia de Jaén o la nueva línea del metro de Sevilla, en Andalucía, o buscan resquicios para sortear el límite a la rentabilidad, como la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid o el Plan de Carreteras de Aragón.
La respuesta del Gobierno, con la oposición frontal de Hacienda, siempre ha sido negativa
La formación que lidera Feijóo se alinea así con la reclamación que las constructoras, a través de las patronales (CNC, Seopan y Anci) y algunas a título individual, incluidos grandes grupos como ACS, Ferrovial, Sacyr, Acciona, FCC u OHLA, llevan años trasladando para cambiar una ley que aprobó el propio PP con Rajoy en La Moncloa. También la CEOE ha intermediado en sentido similar. Un cambio que, a su parecer, se instrumentaría simplemente con una orden ministerial. Pero la respuesta del Gobierno, con la oposición frontal de Hacienda, siempre ha sido negativa -tanto cuando gobernaban los populares como con PSOE-Podemos-.
El Gobierno de Sánchez sí tuvo un gesto en esa dirección con la mejora, aprobada por RD el 30 de diciembre de 2021, del diferencial para calcular la tasa de descuento desde los 200 puntos que fija la ley a los 300 puntos para los proyectos enmarcados fondos Next Generation. Un alza que el sector privado considera, en todo caso, insuficiente para una reactivación real de la colaboración público-privada.
Obligación en La Moncloa
En su Proposición no de Ley, que será debatida en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Congreso, el PP también pide al Ejecutivo que estudie el aumento del plazo de recuperación de las inversiones de gran envergadura en contratos de concesiones. Asimismo aboga por desarrollar un plan de formación interadministrativa y por la revisión y agilización de los procedimientos necesarios para articular los protectores de colaboración público-privada. También apuesta por "desarrollar una base de datos pública de buenas prácticas y proyectos de compra pública innovadora", así como "mecanismos de colaboración público-privada que disminuyan la deuda de las Administraciones y que su transferencia a las entidades privadas suponga una dinamización de la economía".
El Grupo Popular plantea, igualmente, "establecer garantías de demanda para favorecer la financiación privada de los proyectos y promover instrumentos que permitan esquemas de proyectos, incluyendo ingeniería, construcción, financiación y operación, de modo que se promuevan infraestructuras para una óptima operación posterior".
Constructoras y fondos hallan así en el PP un aliado para presionar al Gobierno y desbloquear las concesiones de infraestructuras. Y, de no lograrlo, los populares se imponen un compromiso público en el caso de que Feijóo llegue a La Moncloa.
