El Ministerio de Hacienda mantiene bloqueado el lanzamiento del plan de colaboración público-privada de carreteras promovido por el Ejecutivo socialista. El Ministerio de Fomento pretendía lanzar los dos primeros concursos, relativos a dos proyectos en Murcia, antes del 30 de junio, pero el departamento que dirige en funciones María Jesús Montero no ha dado aún todas las autorizaciones pertinentes.
La demora en la formación de Gobierno y las estrecheces presupuestarias con las que lidia María Jesús Montero tampoco han facilitado la tramitación de este programa, que para 2019 preveía licitar contratos por entre 1.000 y 1.200 millones de euros.
El Plan Especial de Carreteras (PEC), heredero del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) que anunció hace dos años el Gobierno de Mariano Rajoy, ha sorteado por el momento el trámite de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE).
La Ley de Contratos del Sector Público de 2018 ordena la aprobación por parte de este organismo para aquellas concesiones que impliquen gasto público, como es el caso. Sin embargo, la falta de estructura y de dotación presupuestaria de la ONE ha impedido que pueda emitir su informe, regulado por el artículo 333 de la citada ley.
Ahora bien, amparado por la Abogacía del Estado, el Ministerio de Fomento ha superado este trámite para los dos proyectos trasladados, el de la Autovía A-7 Alhama-Murcia y MU-30 en Alcantarilla y el de la autovía A-7 Crevillente-Murcia. El departamento que lidera en funciones José Luis Ábalos aprobó el pasado mes de mayo tanto el expediente de información pública como el estudio de viabilidad de ambos contratos.
La falta del informe preceptivo de la ONE podría derivar en futuros recursos por parte de las empresas licitadoras, de acuerdo con las fuentes consultadas. No obstante, se trataría de una medida contraria a los intereses generales del sector, por lo que en el sector confían en que no se llegue a esa situación.
Aunque el ministerio liderado por José Luis Ábalos ha superado el trámite de la Oficina Nacional de Evaluación -por la exención de los abogados del Estado-, todavía tiene pendientes otros trámites previos preceptivos de informe de Hacienda de ambos contratos, según reconocen fuentes ministeriales.
Se refiere al informe vinculante previsto en el Artículo 324.6 de la Ley de Contratos del Sector Público relativo a los contratos de concesión de obras o servicios y en el que debe pronunciarse "sobre las repercusiones presupuestarias y compromisos financieros que implique, así como sobre su incidencia en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria". Asimismo, "en estos contratos será igualmente necesario recabar el informe vinculante de Hacienda cuando en su financiación "se prevea cualquier forma de ayuda o aportación estatal, o el otorgamiento de préstamos o anticipos".
Una vez recabada la autorización de Hacienda, el consejo de ministros también tendrá que dar su aprobación a los proyectos del plan, que contempla una concesión de 10 años bajo la fórmula de pago por disponibilidad.
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