Madrid
El volumen de proyectos en régimen de concesión que se promovieron en España en 2021 se multiplicó por más de ocho veces, al pasar de los 55 millones de euros de 2020 a 490 millones de euros. Este nivel es el más alto desde 2015. No obstante, representa aún un importe alejadísimo de los que se registraban una década atrás (10.495 millones sólo en 2010).
De los 490 millones, 472 millones corresponden a las Administraciones Locales, para infraestructuras de equipamiento social fundamentalmente, mientras que las Comunidades Autónomas limitan la cifra a 17 millones y el Estado a un irrisorio millón de euros. Del total, 327 millones se destinan a inversiones para servicios sociales, casi 120 millones para obras urbanas, más de 24 millones para aparcamientos, 11,2 millones para infraestructuras sanitarias y cerca de siete millones para carreteras. Dos contratos concentran el 70% de la inversión: la concesión de obra para la redacción del proyecto, dirección facultativa, construcción, equipamiento y explotación de un centro de servicios sociales en el barrio de Arbes de Irún, valorado en 259 millones de euros, y la concesión de obra para la construcción y explotación del Centre Aquàtic i de Fitness de Reus por 82 millones.
Los datos constatan, pese al impulso de 2021 en términos relativos, que el desarrollo de proyectos concesionales, con la participación público-privada, sigue en niveles muy reducidos con respecto a lo que sucede en la mayoría de países desarrollados y a lo que el sector de la construcción considera adecuado para garantizar la sostenibilidad de las infraestructuras. Una situación que deriva de las limitaciones a la rentabilidad que impone la Ley de Desindexación de la economía española. No en vano, desde la aprobación de esta norma en 2015, el volumen licitado de concesiones se acota a 1.418 millones de euros, de los que el 71% corresponde a las Administraciones Locales, el 25% al Estado y el 4% a las Comunidades Autónomas, según los datos recogidos por Seopan.
Los 490 millones superan con creces el mínimo de 55 millones de 2020, pero ahondan en la tendencia a la baja experimentada como consecuencia de la crisis financiera desde 2012, acentuada en 2015 a raíz de la aprobación de la citada Ley de Desindexación. En 2012 la cifra se redujo a 614 millones de euros, frente a los 4.426 millones de 2011 o los 10.495 millones de 2010. En 2013 bajó hasta los 383 millones y en 2014 subió hasta los 2.227 millones, pero fue sólo un espejismo. Porque en 2015 la cifra volvió a caer hasta los 619 millones. En 2014 se situó en 422 millones, en 2017 millones en sólo 95 millones, en 2018, en 116 millones y en 2019, en 240 millones. Por tanto, en los últimos diez años entre 2012 y 2021 apenas se han sacado concursos de infraestructuras en concesión por 5.261 millones de euros. En los nueve años anteriores entre 2003 y 2011, el volumen acumulado fue de 51.232 millones.
Además, una parte significativa de las concesiones licitadas en los últimos años no han terminado por concretarse por la falta de recursos de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda cuya responsabilidad es analizar la sostenibilidad financiera de las concesiones de obras y servicios. Desde la creación de esta entidad, en 2015, se han mantenido retenidos por la falta del informe preceptivo de este órgano numerosos proyectos cuyo importe se aproxima a los 1.000 millones de euros. A finales de 2021 se reguló la organización y funcionamiento de la ONE, celebrando su primera reunión en enero. Esto permitirá desatascar los procedimientos de concesiones.
Proyectos en marcha
El sector lleva años pidiendo cambiar la Ley de Desindexación y ha trasladado sus propuestas. Mientras, las Administraciones autonómicas y locales han comenzado en los últimos meses a promover importantes proyectos concesionales, como la nueva Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid, el Plan de Carreteras del Gobierno de Aragón o un lote de aparcamientos por parte del Ayuntamiento de Madrid.
