El fin de varias concesiones de autopistas catalanas este 31 de agosto ya tiene plan definitivo de bajas y sus condiciones de despido, tras el acuerdo alcanzado entre las empresas del grupo Abertis responsables de la gestión de las vías y la representación sindical, que ha sido ratificado por los trabajadores. Así, se aplicarán 340 despidos, la gran mayoría vinculados a los peajes, y se subrogarán otros 240 empleos de conservación y mantenimiento a las administraciones públicas.
Las vías que dejarán de ser de pago el 1 de septiembre son la AP-7 entre la frontera con Francia y Vilaseca (Tarragona), la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell (Tarragona), la C-32 entre Montgat y Blanes, y la C-33 entre Barcelona y Montmeló. Las dos primeras, de Acesa, pasarán a manos del Estado, mientras que las otras dos, de Invicat, serán competencia de la Generalitat.
Los 340 afectados por el ERE recibirán la indemnización legal máxima por despido improcedente con un mínimo de 45.000 euros, y tendrán acceso a un plan de recolocación externa, así como derecho preferente de contratación en el supuesto de necesidad de personal por las empresas concesionarias hasta 2024. Los trabajadores también tendrán un año de seguro médico a cargo de la empresa; los que tengan más de 12 años de antigüedad recibirán 7.500 euros adicionales, y los mayores de 55 años contarán con un convenio especial de cotización a la Seguridad Social.
Futuro por decidir
Este septiembre se levantarán las barreras de peaje en estas vías y pasarán a ser gratuitas, pero puede ser una situación transitoria, ya que tanto el Gobierno como la Generalitat contemplan implantar sistemas de pago con los que sufragar los costes de mantenimiento.
De momento, las Administraciones asumirán 240 trabajadores de las concesionarias para las labores de conservación, y el Gobierno prepara siete contratos para buscar empresas que se hagan cargo del mantenimiento de las carreteras y de la explotación de áreas de servicio.
Para Abertis, el fin de estas concesiones supone un reducción de ingresos que fue de una media de 537 millones de euros según datos de 2020. Asimismo, los municipios catalanes por los que discurren estas vías rápidas dejarán de ingresar 14,4 millones anuales en concepto de IBI, del que las Administraciones están exentas. Los ayuntamientos piden compensaciones.
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