Las constructoras y empresas de mantenimiento de carreteras han iniciado las negociaciones con operadoras de estaciones de servicio como Repsol, Cepsa, BP, Galp, Disa o ENI para sellar acuerdos de cara a los contratos para la conservación y explotación de las autopistas AP-2 Zaragoza-Mediterráneo y AP-7 La Jonquera-Barcelona-Tarragona que finalizan sus concesiones con Abertis el próximo 31 de agosto y pasarán así a ser gratuitas. El Consejo de Ministros ya ha aprobado la licitación, dividida en seis contratos, con un valor conjunto de 627,8 millones de euros.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha implementado un nuevo modelo de conservación de la Red de Carreteras del Estado por el que, además de la prestación habitual del servicio de vialidad y mantenimiento ordinario, añade la explotación de elementos funcionales como son las áreas de servicio y la ejecución de pequeñas obras de mejora de la funcionalidad de la carretera, como adelantó este diario en noviembre pasado.
El nuevo modelo arranca con los tramos de la AP-2 y la AP-7, con 477 kilómetros de longitud, que revertirán al Estado a partir del 1 de septiembre
El nuevo modelo arranca con los tramos de la AP-2 y la AP-7, con 477 kilómetros de longitud, que revertirán al Estado a partir del 1 de septiembre. El Consejo de Ministros autorizó el pasado 30 de marzo la licitación de seis contratos. Cinco de ellos se ubican en Cataluña (375 kilómetros), con un valor conjunto de 541 millones, y uno en Aragón (102 kilómetros), por 86,8 millones. Los seis contratos recogen la explotación de un total de 34 estaciones de servicio (17 por cada sentido). Adicionalmente, el Ministerio ha licitado un contrato para la gestión del Centro de Vialidad y Operaciones de las autopistas AP-2 y AP-7 en Granollers por 19,6 millones.
A la espera de la publicación de los pliegos de contratación, las empresas especializadas en la conservación de carreteras, entre las que figuran la mayoría de constructoras españolas (ACS, Acciona, Ferrovial, OHL, Sacyr, FCC, Copasa, Comsa, Pavasal, Sorigúe, Becsa, Puentes, etc.) e internacionales como Vinci y Eiffage, ya han iniciado negociaciones con las petroleras para perfilar sus ofertas, en las que tendrán que garantizar el suministro de combustibles y la gestión de las áreas de servicios.
La normativa vigente establece que en las carreteras que no están en régimen de concesión no puede haber dos gasolineras consecutivas con la misma bandera
La normativa vigente establece que en las carreteras que no son de peaje no puede haber dos gasolineras consecutivas con la misma bandera. Los contratos contemplan entre dos y cuatro estaciones de servicio (por sentido). De este modo, la restricción propicia que las petroleras busquen acuerdos particulares con varias constructoras para aspirar al mayor número posible de áreas y no la formación de uniones temporales de empresas (UTE) que limitaría sus opciones.
Los licitadores trabajan para acompañar sus propuestas con ofertas vinculantes por parte de al menos dos petroleras para así cumplir con la norma de abanderamiento. En las últimas semanas se han intensificado las negociaciones cruzadas de compañías como Repsol, Cepsa, Galp, BP o ENI con los grupos de conservación interesados, entre los que también se halla Abertis, que ha creado una sociedad específica para conservación.
627,8 millones de euros
Los seis contratos para la conservación de los tramos de la AP-7 y la AP-2 que revertirán al Estado el próximo 31 de agosto suman un valor de 627,8 millones de euros. El nuevo modelo de conservación incluye la explotación de las áreas de servicio y otros servicios públicos, de manera que quedan bajo el paraguas del Ministerio de Transportes, frente a las concesiones separadas por las que el Ministerio de Hacienda recibía el canon.
Entidades
Florentino Pérez Rodríguez
Presidente del Real Madrid y de ACSRafael del Pino
Presidente de Ferrovial
José Manuel Entrecanales
Presidente de Acciona
Manuel Manrique
Presidente de Sacyr
Josu Jon Imaz
Consejero delegado de Repsol
Pablo Colio
Consejero delegado de FCC
José Antonio Fernández Gallar
Consejero delegado de OHLA
