El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana trabaja en una propuesta con la que mitigar los elevados costes que le supondrá la reversión de dos autopistas más que terminan su concesión el próximo verano: la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo y los tramos de la AP-7 La Jonquera-Montmelo, Montmelo-Papiol, Papiol-Tarragona y Papiol-Molins de Rei.
El plan consiste en ampliar los contratos de conservación incluyendo en los mismos la explotación de las áreas de servicio por la que las empresas pagan un canon anual, según indican a elEconomista responsables del departamento que dirige José Luis Ábalos. De este modo, los ingresos por estos servicios reportarían a la Dirección General de Carreteras (DGC) y no al Ministerio de Hacienda, como ocurre en la actualidad con las concesiones de las gasolineras en las autopistas estatales.
El secretario de Estado de Transporte, Pedro Saura, ya ha mantenido los primeros contactos con responsables del Ministerio fiscal para analizar la cesión, según indican fuentes conocedoras. De llegar a buen puerto las negociaciones, las áreas de servicios se integrarían en los contratos de conservación de aquellos tramos en los que haya como un capítulo más. Desde el Ministerio, oficialmente se limitaron a señalar que los nuevos pliegos de estas autopistas "están aún en tramitación".
Los licitadores, por tanto, tendrán que hacer una oferta para gestionar las estaciones de servicio y restaurantes
Los licitadores, por tanto, tendrán que hacer una oferta para gestionar las estaciones de servicio y restaurantes. Esto abre la puerta a que las empresas que actualmente mantienen las autopistas amplíen sus actuaciones. Constructoras como ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr, OHL, FCC, Vinci, Eiffage o Comsa, entre otras muchas, que a través de filiales realizan los servicios de conservación de las carreteras, diversificarían su actividad con la prestación de nuevos servicios, si bien para ello cabe esperar que forjen alianzas con petroleras. Todo ello, no obstante, dependerá del pliego que se elabore si finalmente Hacienda accede.
La propuesta se circunscribe, al menos por el momento, a la concesión de Acesa, propiedad de Abertis, que abarca los tramos referidos de la AP-7 y la AP-2. El contrato vence el próximo 31 de agosto, si bien la empresa ya ha solicitado, como casi todas las concesionarias, una compensación por el impacto de la pandemia que podría instrumentarse en una extensión del plazo.
El objetivo de Ábalos y su equipo es que el uso del dominio público de las carreteras tenga un carácter finalista para cubrir las necesidades presupuestarias de conservación, que son cada vez mayores tanto por el deterioro acumulado en la red como por el final de las concesiones de varias autopistas de peaje desde hace dos años. El 30 de noviembre de 2019 revirtió al Estado la concesión de Iberpistas (Itínere), que explotaba el peaje de la AP-1 Burgos-Armiñón y el 31 de diciembre de 2019 la de los tramos de la AP-7 de Aumar (Aumar).
El pago por uso
En estas autopistas, se han licitado los contratos de las áreas de servicio por importes millonarios y el Ministerio de Transporte considera que tiene una oportunidad para incrementar sus ingresos y compensar así los elevados costes que asume para la conservación de las autopistas de pago revertidas. Como ejemplo, por los contratos de concesión de las gasolineras de Aumar, Hacienda ingresará 16 millones de euros anuales en concepto de canon.
Transporte encaja esta medida en su estrategia para combatir el déficit de conservación que tiene la red de carreteras (7.463 millones de euros). El mantenimiento se ha convertido en la prioridad del Ministerio que, por primera vez, en 2021, destinará más a esta partida (1.240 millones) que a obra nueva.
Analiza la opción del pago por uso para la red de alta capacidad, con excepciones para los conductores que usan las vías para ir a trabajar
Sobre la mesa hay otras propuestas para obtener más recursos, como la implantación de electrolineras. Y de un calado superior, pero complejo en términos políticos, el Gobierno analiza la opción del pago por uso para la red de alta capacidad, con excepciones para los conductores que usan las vías para ir a trabajar.
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