España es el único país europeo que ha reducido su red de autopistas de peaje en la última década, frente al crecimiento conjunto de Europa, que la ha más que duplicado. Este descenso deriva de tres factores acontecidos en el pasado ejercicio: la decisión del Gobierno de levantar las barreras de la AP-1 Burgos-Armiñón el pasado 30 de noviembre, del rescate por parte de las administraciones locales de Túnel de Sóller, en Baleares, y de la rescisión de las vías quebradas (radiales y otras) que incluían varios tramos libres que estaban financiados por aquellos que sí tenían peaje.
En el último, tan solo España y Croacia, de manera menos acusada, disminuyeron el volumen de vías de alta capacidad de pago, según los datos recabados por la Asociación Europea de Autopistas de Peaje (Asecap).
Al cierre de 2018, la red española contabilizaba 3.174 kilómetros autopistas de peaje, lo que representa un 6,8 por ciento menos que en 2017. El último año rompió así con seis años en los que la cifra se había mantenido invariable en 3.404 kilómetros. Con respecto a 2008, el recorte se sitúa en el 4,8%.
Esta disminución se produce en pleno debate sobre la necesidad de tarificar toda la red de alta capacidad para garantizar su sostenibilidad, toda vez que los Presupuestos no cubren los costes de conservación y ya existe un deterioro de las carreteras que supera los 7.000 millones de euros. El nuevo Ejecutivo abordará esta cuestión en los próximos meses, para lo que buscará el consenso parlamentario. Entre las opciones que se plantean está la del pago directo por kilómetro recorrido o la aprobación de un impuesto adicional por circulación.
Al margen de este plan, el Gobierno socialista tiene decidido que las autopistas de pago que vencen en los próximos años revertirán a la Administración, como ocurrió el pasado mes de noviembre con la AP-1. Así, el próximo 31 de diciembre le llega el turno a Aumar, que explota dos tramos de la AP-7 (Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante) y uno de la AP-4 (Sevilla-Cádiz), con una longitud conjunta de 467,6 kilómetros.
Y en 2021 concluyen los contratos de Acesa, operadora de otros cinco tramos de la AP-7 y de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, con 478,2 kilómetros. Además, expira la concesión de Invicat, de titularidad de la Generalitat de Cataluña y que gestiona la C-32 y la C-33, con 66,5 kilómetros.
En total, por tanto, son 1.022,3 kilómetros los que podrían quedar libres en los próximos dos años y medio, lo que implicaría situar la red de peaje en poco más de 2.000 kilómetros si la propuesta de tarificar todas las vías de alta capacidad no se hiciera realidad. Por ahora, además, no hay perspectivas de que puedan surgir nuevos proyectos de autopistas concesionadas.
En 2018, la red de autopistas restó los 84,3 kilómetros de la AP-1 Burgos-Armiñón y los tres kilómetros del Túnel de Sóller, que fue expropiado a Globalvia. Adicionalmente, de acuerdo con la metodología de contabilización de Seopan, han dejado de considerarse de pago aquellos tramos que eran libres pero que estaban contemplados en el mismo contrato de concesión que varias de las autopistas quebradas que Seitt ha asumido en el último año, como las radiales 2, 3, 4 y 5, la AP-41, la AP-36 o Ciralsa. Aunque no tenían peaje, eran tramos financiados por el que sí lo tenía, pero ahora que las concesiones originales han concluido, la patronal ha convenido excluirlos.
Solo el 18% tarificado
La red de alta capacidad española con peajes representa en la actualidad el 18 por ciento, según Seopan. Un porcentaje que sitúa a España por detrás de 25 países europeos y sólo por delante de Chipre, Estonia, Islandia, Malta, Liechtenstein y Montenegro. Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Noruega, Portugal, Finlandia, Austria, Holanda, Suecia, Suiza, Grecia o Rumanía tienen el 100% de sus autopistas pago.
La evolución en España contrasta con lo que sucede en el resto de Europa. Desde 2008, la red de peaje de los socios europeos de Asecap (también pertenece Marruecos) se ha más que duplicado, desde 41.001 kilómetros a 84.467 kilómetros. De los 22 países, 18 incrementaron sus vías de pago y solo España las redujo. En 2018, el aumento fue del 69%, muy impactado porque Alemania extendió la red tarificada a camiones a algunas carreteras secundarias.
