Con los más de 1.000 kilómetros de autopistas que habrán levantado las barreras en sus vías de alta capacidad entre 2018 y 2021, España se distanciará aún más de lo que ocurre en el resto de Europa. Así, a partir del próximo 31 de agosto, cuando vencen los contratos de concesión de Acesa e Invicat, en Cataluña, el peso de las vías interurbanas de pago se habrá reducido del 18% al 11,5% en apenas tres años. Contrasta con el 100% que tienen tarificado (para vehículos ligeros y/o pesados) hasta 23 países europeos, el 86% de Italia, el 79% de Francia o el 38% de Irlanda. Chipre, Estonia, Islandia, Liechtenstein, Malta y Montenegro son los únicos Estados con todas sus carreteras gratuitas.
España tendrá después del verano más de 15.300 kilómetros de alta capacidad gratuitos, lo que representa más de tres cuartas partes del total de Europa. Este escenario tiene consecuencias para las arcas públicas y también para los usuarios. Las apreturas presupuestarias, que se remontan ya a la crisis financiera de hace más de 10 años, han propiciado un deterioro de las carreteras españolas que se aproxima a los 8.000 millones de euros, lo que tiene efectos sobre la seguridad de las mismas.
Hay 23 países con toda su red de alta capacidad tarificada para camiones y/o vehículos ligeros
El Ejecutivo de Pedro Sánchez abrió ya hace más de dos años la puerta a debatir sobre la necesidad de implantar el pago por uso en la red de gran capacidad para su mantenimiento. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha lanzado en varias ocasiones llamamientos al resto de fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo, pero por el momento no ha habido ningún paso en firme.
La finalización de las concesiones genera un beneficio directo para los usuarios de las autopistas en cuestión las concesiones revertidas entre 2018 y 2021 ingresan solo por peajes más de 1.100 millones anuales, pero conlleva un impacto sobre el erario público porque las concesionarias ya no pagarán impuestos y porque los gastos de mantenimiento tendrán que ser asumidos por la vía presupuestaria. Seopan calcula que el coste en la contabilidad pública de la reversión de las cuatro concesiones asciende a 477 millones al año.
Si la decisión de terminar con los peajes se prolonga a las concesiones de toda la red de carreteras en el futuro, el golpe para las Administraciones se elevaría hasta el entorno de los 1.000 millones de euros anuales. Si España implementara en la red viaria de alta capacidad libre los modelos de gestión y financiación existentes en la Unión Europea se generaría un refuerzo anual para el gasto prioritario social de alrededor de 2.500 millones, según esta organización.
Cataluña se queda sin barreras
El próximo 31 de agosto finalizan dos concesiones de autopistas de peaje en España. Por un lado, Acesa dejará de gestionar los tramos de la AP-7 entre Salou y la frontera francesa y de la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell, titularidad del Estado. Se levantarán así las barreras en 478,3 kilómetros, de los que 376 kilómetros discurren por Cataluña y 102 kilómetros por Aragón. Por otro lado, Invicat termina su contrato con la Generalitat para operar los 66,5 kilómetros de los tramos de C-32 Barcelona-Montmeló y de la C-31 y C-32 Montgat-Tordera. En total, por tanto, el próximo verano revertirán a las Administraciones un total de 544,8 kilómetros. De ellos, 442,4 kilómetros se ubican en Cataluña y 102,4 kilómetros en Aragón. El 21,4% de la red de pago dejará de serlo, limitándose a 1.998 kilómetros.
El final de estas dos concesiones responde a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y de la Generalitat de no extender los contratos a cambio de inversiones ni de sacar una nueva licitación. Estas eran las opciones pretendidas por las concesionarias, tal y como ocurre en muchos otros países. La reversión de Acesa e Invicat se suma a las de Europistas y Aumar. La primera operó hasta el 30 de noviembre de 2018 la AP-1 Burgos-Armiñón, con 84,3 kilómetros de longitud, y la segunda explotó hasta el 31 de diciembre de 2019 los tramos de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y el de la AP-4 Sevilla-Cádiz, con 467,6 kilómetros.
Con la reversión, Cataluña tendrá todas las autopistas estatales gratuitas a partir del 1 de septiembre y únicamente se mantendrán las barreras de 145 kilómetros de tres concesiones de la Generalitat. Con ello, siete comunidades autónomas tendrán más kilómetros de pago. Se trata, por este orden, de Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Comunidad de Madrid, Andalucía y Navarra.
