Periodista y escritor. Entre apocalípticos e integrados, lo mío es abordar el presente y el futuro del empleo con acento crítico y sin 'hype'.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha reconocido oficialmente que la cifra de funcionarios es mucho mayor que lo que venía informando en sus estadísticas de los últimos años tras 'regularizar' a miles de trabajadores públicos que antes se excluían de las estadísticas. El ajuste se reparte entre 224.000 efectivos de "personal laboral temporal" con contratos de duración inferior a seis meses y otros 70.000 efectivos correspondientes al personal en formación o en prácticas. Este ajuste equivale a un incremento del 10,7% respecto a la plantilla contabilizada anteriormente, aunque la precariedad de estos puestos de trabajo tiene un efecto claro en las estadísticas.

El déficit de productividad de la economía española respecto al resto de Europa ha llevado a muchos analistas a poner el foco en el débil comportamiento de las horas trabajadas tras la pandemia. Una cuestión que se extiende a frentes como el del absentismo laboral pero también la precariedad en un país que tiene la mayor tasa de subempleo (personas que quieren trabajar más horas, pero no lo consiguen) de la Unión Europea. En este escenario, el Gobierno se ha descolgado con una propuesta de máximos que ha sorprendido tanto a los empresarios como a los sindicatos: reducir de 40 a 37,5 horas semanales el tope máximo de jornada en 2025. Pese a que, según los últimos datos disponibles, las horas efectivas que los asalariados españoles trabajan cada semana se situaron en 35,5 en 2023, dos menos que antes de la Gran Recesión.

España no es país para autónomos, y si hay un dato que lo deja claro es la expectativa que les espera al alcanzar el momento de su retiro. En diciembre de 2023, la pensión contributiva de jubilación de un afiliado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se situó en 918,18 euros de media, un máximo de la serie histórica que se inicia en 1981 tras incrementarse en 9,49% en el último año. Pero sigue quedando más de un 40% por debajo de la de los asalariados afilados al Régimen General. Una brecha que se alcanzó hace tres décadas y pese a la mejoría del último año aún no se ha logrado reducir.

En los últimos años, cada vez más empresas han empezado a incluir los salarios en sus ofertas de empleo. Lo hacen ante la demanda generalizada de los trabajadores, que lo consideran un requisito imprescindible para una negociación justa, pero también obligados por nuevas legislaciones en diversos países del mundo. Sin embargo, un demoledor análisis de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER por sus siglas en inglés) revela hasta qué punto esta supuesta transparencia está siendo utilizada para enmascarar los sueldos que están dispuestas realmente a pagar.

Las empresas tecnológicas han dado la bienvenida a 2024 con ajustes. En las primeras dose semanas del año han confirmado más de 7.500 despidos, una cifra que, no obstante, queda muy por debajo de la anotada en el inicio del pasado ejercicio, que se saldó con un total de más de 260.000 ceses y es considerado el auténtico 'annus horribilis' para el sector. Pero siguen multiplicando casi por 15 las anotadas en el arranque de 2022, que finalizó con 164.969, lo que apunta no solo a que los recortes no se pueden dar por acabados, sino que las compañías siguen contando con ellos para hacer frente a los cambios que traerá la irrupción de la inteligencia artificial.

El paro registrado se redujo en diciembre en 27.375 personas, hasta un total de 2,7 millones, el mínimo desde 2007. Aunque la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué hubiera ocurrido si en esta cifra no estuvieran excluidos los fijos discontinuos inactivos que se inscriben en un servicio público de empleo? No se les clasifica como parados, sino como demandantes con relación laboral, categoría que en el último mes de 2023 aumentó en 45.576 personas hasta llegar a 746.077, máximo anotado desde la reforma laboral. Un contraste de datos que resucita las sospechas de 'maquillaje' estadístico que el Ministerio de Trabajo lleva más de un año prometiendo despejar sin terminar de hacerlo.

La nueva subida del SMI, la cuarta pactada por el Gobierno y los sindicatos al margen de la patronal ha vuelto a abrir el debate por la discrecionalidad y falta de transparencia con la que se determina este indicador, que acumula una subida del 54% desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018. Pero en 2024 esta cuestión adquirirá un cariz muy diferente por los trabajos para preparar la transposición de una directiva europea que entre sus objetivos incluye, precisamente, poner coto a la arbitrariedad política.

La reforma laboral no ha supuesto la gran debacle que muchos temían para las Empresas de Trabajo Temporal. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, correspondientes a octubre, los contratos suscritos por las ETT para su puesta a disposición se han incrementado un 4,96% en tasa interanual. Este repunte se sostiene en la firma de 144.551 fijos discontinuos, un 57% más que un año antes. Se trata de una cifra récord que equivale al 68% del total de los registrados por el SEPE en el mismo mes. Y se alcanza pese a la campaña lanzada en 2023 por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por posibles 'abusos' al aplicar esta fórmula contractual.

La única derrota del Gobierno en el primer Pleno legislativo de 2024 tiene dos protagonistas claros: Podemos y Yolanda Díaz. La formación morada cumplió sus amenazas y 'tumbó' la reforma de los subsidios de desempleo impulsada por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar por su impacto en las futuras pensiones de los mayores de 52 años, un ajuste que tenía como objetivo nada disimulado encarecer las 'prejubilaciones' forzosas que preparan grandes empresas como Telefónica. Pero este varapalo es solo un primer aviso de las complicaciones que la ministra de Trabajo afrontará en esta Legislatura, que amenaza con comprometer su hoja de ruta de reformas como la de los despidos o la reducción de jornada.

El segundo aniversario de la reforma laboral se ha cerrado con un dato sorprendente: la duración media de los contratos temporales se situó en 2023 en su mínimo histórico, con 46,36 días, siete menos que en 2021. Aunque lo ocurrido en los dos últimos años es solo el reflejo de una tendencia que viene produciéndose desde hace dos décadas. De hecho, la caída es de 33 días si nos retrotraemos a 2006, ejercicio que da arranque a la serie estadística del SEPE. Una evolución que muestra que la pérdida de estabilidad sigue siendo uno de los principales puntos débiles del empleo en España.