El Gobierno ignora el mandato de Bruselas para despolitizar el SMI

La nueva subida del SMI, la cuarta pactada por el Gobierno y los sindicatos al margen de la patronal ha vuelto a abrir el debate por la discrecionalidad y falta de transparencia con la que se determina este indicador, que acumula una subida del 54% desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018. Pero en 2024 esta cuestión adquirirá un cariz muy diferente por los trabajos para preparar la transposición de una directiva europea que entre sus objetivos incluye, precisamente, poner coto a la arbitrariedad política.

La norma europea, aprobada en otoño de 2022 y que España tiene dos años para transponer a la legislación nacional, exige garantizar la "participación efectiva" de los interlocutores sociales en la fijación del salario mínimo legal, incluyendo todo lo que se refiere a la "definición de los criterios de fijación y actualización", las variaciones y deducciones, la "participación en los órganos consultivos" y la "contribución a la recogida de datos". Un papel muchísimo más activo que el que la legislación española les confiere hasta ahora.

La directiva impulsada por el Ejecutivo comunitario no exige cerrar acuerdo para subir el SMI, pero sí que los criterios para establecer una cuantía sean acordados entre todos y "transparentes" tanto para los ciudadanos como para la Comisión Europea, que pedirá un informe cada dos años sobre los criterios que justifican las decisiones y su impacto en el empleo. Algo que no ocurre en España.

Según el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, el Ejecutivo decide en función del IPC, la productividad y la coyuntura económica, pero sin más explicaciones que la memoria económica que acompaña al decreto con el que se hace efectiva la decisión, que se toma "previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas". Pero esta consulta no equivale a una negociación sobre una decisión de "naturaleza política", tal y como ha recordado la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los últimos años. El Ejecutivo no tiene ninguna intención de cambiar las cosas.

Ninguneo a los expertos

La inspiración de la directiva proviene el modelo alemán, en el que es una comisión formada por representantes de patronales y sindicatos (pero elegidos por contar con un perfil académico de expertos en la materia), que elevan una propuesta sobre el SMI al Gobierno. El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos intentó replica una fórmula similar con la creación de un grupo de expertos supuestamente independientes que determinaran una hoja de ruta de subidas para lanzar el objetivo de un SMI equivalente al salario medio. Pero la jugada no salió bien.

Para empezar, CEOE y Cepyme se negaron a formar parte de esta comisión, cuyo funcionamiento no se reguló en ningún momento en el mencionado artículo 27. Esto da poder total al Ministerio de Trabajo para forzar la salida de miembros cuyos puntos de vista no se ajustaran su relato. El ejemplo más claro fue el de Sara de la Rica, una de las principales expertas españolas en análisis del mercado laboral, que acabó abandonando el grupo después de que Trabajo intentara 'sepultar' un informe sobre la subida del SMI de 2019, encargado por la propia Yolanda Díaz, en el que cifraba un impacto negativo en la empleabilidad.

Además, la propuesta de los expertos tiene que ser negociada con otras voces del Gobierno, que realizan sus propios informes internos que no públicos, lo cual dispara la opacidad. Por no hablar de que en los últimos años la decisión final ha dependido de 'peajes' políticos y negociaciones paralelas que dejan la posición del comité en una simple recomendación. Aun así, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, presume de la garantía de calidad técnica que supone esta mezcla de criterios académicos, diálogo social y estudios del resto de ministerios es la clave del "éxito" del SMI en los últimos años.

Una subida del 52%

Si algo ha caracterizado las etapas de Pedro Sánchez en el poder (con los socialistas en solitario y en coalición de Unidas Podemos y ahora con Sumar), es el uso político del SMI para defender su imagen del "Gobierno más social de la democracia". Según las cifras comparables que publica Eurostat, e incluyendo la subida pactada para 2024, se ha incrementado un 52%% desde 2018: la mayor subida entre las grandes economías del euro que cuentan con esta figura (Alemania solo lo ha hecho un 32%).

Un incremento que llegó después de que mantenerse prácticamente congelado entre 2012 y 2016. En 2017 esta tónica se rompió n 8% por un pacto precisamente entre el Gobierno de Rajoy y un PSOE que acababa de expulsar a Sánchez como secretario general, que se determinó al margen de los sindicatos y la patronal. Dos años después, el nuevo presidente socialista lo disparó un 22,3%, también sin pacto en el diálogo social. De hecho, la última subida pactada con los empresarios se produjo en 2020, con Yolanda Díaz ya como ministra de Trabajo. Fue un 5,5%.

A la presión por revisar la forma de fijar el SMI se suma la intención de PSOE y Sumar de modificar la estructura del diálogo social con una revisión de las condiciones de representatividad de los interlocutores sociales. Una jugada que se traduciría en el mayor peso de Conpymes, patronal en la que participan, entre muchas otros, Pimec y Uatae, en detrimento de Cepyme y la CEOE. Pero la organización presidida por José María Torres también marca distancias con la forma de hacer las cosas del Gobierno y de Yolanda Díaz.