La reforma del diálogo social: una 'bomba de relojería' en plena negociación del SMI

La negociación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2024, que arranca formalmente este jueves, puede ser la última que el Gobierno mantenga exclusivamente con los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme. El plan de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para revisar la representatividad de las pymes y los autónomos no ha sentado nada bien entre los representantes de las empresas, pero tampoco entre los sindicatos, en especial UGT. Todos temen que el 'statu quo' de las mesas del diálogo social salte por los aires.

La reunión incluye a las segundas espadas de Trabajo y las organizaciones sindicales y empresariales, con lo cual no se espera un acuerdo sobre una cifra en la que ni siquiera hay atisbos de consenso entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores. Pero nadie oculta que en el primer encuentro del diálogo social tras la constitución del nuevo Gobierno sobrevolarán las implicaciones del plan avanzado por PSOE y Sumar.

El epicentro de este terremoto está en la irrupción en el tablero de la patronal Conpymes, constituida en 2021 como una alternativa a Cepyme, que consideran una mera extensión de la CEOE que no defiende los intereses de los pequeños empresarios sino de los grandes, y que sería la principal beneficiada del cambio que prepara la vicepresidenta segunda. A ello contribuye que de ella forma parte Uatae, una de una de las tres principales asociaciones de autónomos tras ATA (vinculada también a CEOE) y Upta (que se relaciona con UGT).

Aunque la mayor crítica contra Conpymes proviene de su vinculación con PIMEC. Su vicepresidente, Antonio Cañete, es presidente de la patronal catalana de pymes, con lo que algunos han intentado analizar la jugada en términos políticos tras el acuerdo entre el PSOE con Junts y ERC. La mayoría de los actores consultados, sin embargo, descartan rotundamente esta lectura y recuerdan que tanto Cañete como el presidente de Conpymes, José María Torres, han marcado distancia con el independentismo.

La cuestión es más bien la aparente cercanía con el Ejecutivo. La presencia de Yolanda Díaz en la presentación de Conpymes hace dos años, a la que acudió también la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Fernández provocó un profundo malestar en CEOE en mitad de la negociación de la reforma laboral, lo que incluso obligó a la ministra de Trabajo a disculparse con el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. Pero el distanciamiento entre ambos es hoy mucho más amplio, y la idea de repartir la tarta del diálogo social no ha hecho sino reabrir aquella polémica.

Nadie duda de que el Gobierno ha visto la oportunidad de 'erosionar' el papel de CEOE comprometiendo el peso de Cepyme y ATA gracias a Conpymes y Uatae. Pero no está tan claro que la maniobra le salga bien. Además de a Pimec y a Uatae, incluye a otras organizaciones como las sectoriales COAG y Fenadismer, la valenciana Unión Gremial, la balear PIMEB o la castellanoleonesa CES, que se han mostrado históricamente muy críticas con el papel de la CEOE y Cepyme, pero no necesariamente cercanas al Gobierno de coalición.

Conpymes marca distancias

Así que donde unos ven una jugada para colocar organizaciones afines en la mesa de negociación, otras voces avisan de que, como en 2021, el Gobierno solo pretende lanzar una advertencia para devolver a Garamendi al 'redil' de la mesa de negociación mientras busca desactivar con una reforma de muy corto alcance una 'bomba de relojería' que en realidad no le interesa que estalle.

Esta bomba es la ofensiva impulsada por Conpymes en la justicia española pero también ante el Defensor del Pueblo Europeo por su exclusión del diálogo social. Una de las más destacadas es la impugnación de un Real Decreto del Gobierno aprobado a finales de 2022 en el que se realizaba una asignación directa de subvenciones por importe de 30,6 millones de euros a CEOE y Cepyme, pero también a UGT.

La organización interpreta que el acuerdo entre PSOE y Sumar para abordar la reforma de la representatividad de las pymes busca anticiparse a unas resoluciones desfavorables que serán desfavorables porque la estructura del diálogo social tripartito (entre Gobierno, patronales y sindicatos) resulta, a su juicio, contraria a la legislación europea. Pero esta polémica no es nueva.

La razón de fondo es la falta de un sistema objetivo de acreditación de la representatividad empresarial a nivel de negociación institucional, al no existir un desarrollo reglamentario como sí existe en el caso de los sindicatos. Ante esta carencia, se aplica la regla que aplica el Estatuto de los Trabajadores en la negociación de los convenios colectivos sectoriales: que las organizaciones representen al 10% de empresas y trabajadores a nivel nacional o el 15% a nivel autonómico.

Pero en ningún sitio se especifica que esto deba aplicarse a la participación institucional, que carece aún de una legislación específica y actualizada que clarifique cómo se seleccionan a los representantes de las empresas en la negociación de las grandes reformas y regulaciones económicas, incluyendo en muchas ocasiones el reparto de subvenciones.

Pero, aunque esta cuestión ha sido denunciada en varias ocasiones, sobre todo por las organizaciones sectoriales o regionales, nunca había venido impulsada por una gran organización estatal. Una además con capacidad para cuestionar el papel de Cepyme, no tanto por el número de afiliados, sino por el hecho de que es independiente respecto las grandes empresas, algo que siempre se ha criticado a la organización que preside Gerardo Cuerva, también vicepresidente de la CEOE.

Roces con UGT

Aunque los sindicatos se mantienen al margen de la reforma que proyecta Díaz, su posición no es neutral. De hecho, según diversas fuentes familiarizadas con las bambalinas del diálogo social, CCOO es más receptiva a la entrada de Conpymes que UGT.

Unos lo achacan al recurso de la organización que presiden José María Torres a las subvenciones que el sindicato recibió hace un año junto a las patronales. Otros, apuntan la tirante relación con Pimec de Pepe Álvarez, que antes de acceder a la dirección nacional de UGT lo lideraba en Cataluña.

En este escenario, Díaz tendrá que hacer malabares para que su plan obtenga resultados. Si el objetivo es lograr una legislatura cómoda en el diálogo social en la que sus medidas, empezando por la subida del SMI, salgan con respaldo o, en su defecto, sin un rechazo frontal y unánime de las patronales, nada garantiza, por ahora, que Conpymes sea la carta que más le conviene mostrar para ganar la partida.

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