Economía

El Gobierno maniobra para dar más voz a pymes y autónomos afines y frenar a la CEOE en el diálogo social

  • Sentará a Conpymes y Uatae en las mesas en detrimento de Cepyme y ATA, vinculadas a la patronal 
  • El objetivo es erosionar a la CEOE e 'inflar' el apoyo a sus medidas ante Bruselas
  • El pacto entre PSOE y Sumar abre la puerta a un 'tutelaje' sobre la negociación colectiva
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el secretario general de CCOO, Unai Sordo y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Foto EP

Pedro Sánchez ha diseñado su Consejo de Ministros con un perfil de pesos pesados para bregarse en el doble desafío de mantener el volátil apoyo de sus socios y plantar batalla al PP y a Vox. Pero en el ámbito de las reformas económicas y laborales la cuestión es aún más enrevesada, ya que a la oposición política se suma la falta de aval de la patronal y gran parte de los autónomos a sus últimas medidas. Sin embargo, aquí el Gobierno tiene un plan: reforzar a las asociaciones de empresarios y emprendedores que considera proclives a apoyarle y rebajar así el papel de las más críticas en sus respectivas mesas de negociación, Cepyme y ATA, vinculadas a la CEOE. Una idea con la que hará saltar por los aires el actual equilibrio actual del diálogo social a cambio de reforzar su control sobre unos colectivos que engloban la gran mayoría del tejido productivo español.

El acuerdo de investidura firmado entre Sánchez y Yolanda Díaz dejaba poco espacio a la imaginación respecto a lo que está por venir: "Se desarrollarán las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pymes en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional. Asimismo, se actualizará la representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema basado en principios democráticos". Este párrafo ha caído como una bomba entre las asociaciones mayoritarias en ambos ámbitos, Cepyme y ATA, pero se engloba dentro de una estrategia más amplia de intervencionismo en la negociación colectiva.

El Gobierno promete una "una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas", en línea con el modelo alemán, pero también una "mejora" la información económica a disposición de los negociadores de los "convenios colectivos de ámbito supra-empresarial, para posibilitar un reparto más equilibrado de la renta y de las ganancias de productividad". Ambas medidas abren la puerta a un peligroso doble 'tutelaje' sobre unas mesas que hasta ahora tienen carácter bipartito entre los representantes de los trabajadores y los de las empresas.

La estrategia se remata con una ley de participación institucional "que regule la presencia de los interlocutores sociales en los diversos órganos de las Administraciones Públicas". Este fue uno de los flecos pendientes de la pasada Legislatura. El Ministerio de Trabajo y Economía Social llegó a iniciar los trámites de consulta pública previos a la redacción de un Anteproyecto de Ley a mediados de 2022, pero los trabajos no llegaron a ningún lado. A pesar de que el problema que intenta resolver responde a "la falta de desarrollo del artículo 129 de la Constitución", que ha llevado a que dicha participación se produzca "de modo informal".

Pero lo que llama la atención es que la reforma de la representatividad que plantea el texto del acuerdo no aluda a los sindicatos ni a los representantes de las grandes empresas, y se centre en los de las pymes y los autónomos. Un 'misterio' que se aclara a poco que analicemos el mapa de equilibrios en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional al que se refieren el presidente del Gobierno y su vicepresidenta segunda.

El rival de Cepyme

La posición de las grandes centrales, UGT y CCOO, es cómoda para el Ejecutivo, y pese a puntuales discrepancias han firmado acuerdos bilaterales relativos a pensiones y SMI que la CEOE rechazó. Aunque el presidente de la principal asociación de patronales españolas, Antonio Garamendi, cuyos acuerdos previos con Díaz en materia de reforma laboral, teletrabajo y la ley Riders le generaron cierta posición interna, en especial desde entidades como Foment del Treball, el actual tira y afloja que mantiene con el Ejecutivo se alinea con la visión de la práctica unanimidad de los grandes empresarios.

No se puede decir lo mismo de Cepyme, su patronal hermana centrada en las pequeñas y medianas empresas, a la que históricamente se le ha criticado su subordinación a las compañías de mayor tamaño. Esta oposición cristalizó hace dos años en la constitución de Conpymes, una organización estatal impulsada por la catalana Pimec (que se considera alienada con ERC), que pretende defender los verdaderos intereses del colectivo. También se han dado directamente por aludidos con el acuerdo suscrito por PSOE y Sumar, que celebraron sin ambages como "un avance ante la falta de representatividad en el diálogo social de las pequeñas y medianas empresas".

Aunque Cepyme no ha hecho valoraciones públicas sobre la jugada, a nivel interno se interpreta como un ataque claro a su peso en el diálogo social para introducir a una formación 'minoritaria' mucho más tibia en sus críticas a las decisiones de política fiscal y tributaria que afectan a las pequeñas empresas. El temor del equipo que lidera Gerado Cuerva es que el Díaz cambie los actuales límites de representatividad, fijados en el 10% de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal y 15% en el autonómico para encajar a Conpymes en la mesa. El Ejecutivo no ha desvelado sus cartas en el diseño del reparto, pero el entusiasmo de los rivales de Cepyme apunta en esa dirección.

Se da la circunstancia de que la presencia de Díaz (junto a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez) en el acto de presentación de Conpyme en 2021 ya provocó un choque con la CEOE que llevó a la ministra de Trabajo a disculparse. Claro que entonces estaba en juego la negociación de los ERTEs, como ya contamos en elEconomsita.es.

Conpymes además entra en el otro frente conflictivo para el Ejecutivo: los autónomos. En la actualidad, la asociación con mayor número de afiliados entre los trabajadores por cuenta ajena alrededor del 62%, es la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), nacida en 1995 pero que desde 2019 es miembro de la CEOE, con un puesto para presidente, Lorenzo Amor, en el Comité Ejecutivo de la organización que preside Garamendi.

Le siguen, a mucha distancia y disputándose un porcentaje del 20% cada una, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), vinculada a UGT, y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), nacida en 2003. Esa última siempre ha presumido de un carácter independiente respecto a organizaciones sindicales y patronales, aunque en lo político se ha alineado con el PSOE (con vínculos muy claros con el ex ministro socialista de Trabajo, Valeriano Gómez) en un inicio y posteriormente con Podemos y Sumar.

De hecho, en los últimos años de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en la "rival" natural ante la emergencia de ATA, que a su vez supo movilizar el descontento de los autónomos por la crisis para imponerse definitivamente a UPTA, que desde entonces ha tenido que disputarse el segundo puesto con Uatae.

Piña de Uatae y Conpymes

Pero esta estructura se verá afectado también por la presencia de Conpymes, ya que Uatae es una de las 30 asociaciones que la integran, una vinculación que recuerda a la de de ATA y CEOE. La alusión del acuerdo a la necesidad de "actualizar la representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema basado en principios democráticos" es ambigua, aunque apunta a un cambio en el sistema actual para establecer la representatividad y presencia tanto en el diálogo social como en el Consejo de Trabajo Autónomo. Esta última no depende únicamente del número de afiliados, sino de su implantación territorial, número de sedes y otras cuestiones.

Aunque Conpymes y Uatae operan de manera separada en ambos ámbitos de negociación (como también ATA y CEOE) la vinculación entre ambas les beneficia, porque elevan el peso a nivel estatal y autonómico (sobre todo en Cataluña) de cada una, así como de los recursos de los que disponen: un mayor peso institucional también les supondría un incremento de las subvenciones.

En todo caso, el principal beneficiado de la jugada es el propio Gobierno, que si sitúa a Conpymes en la mesa de negociación y refuerza a Uatae logrará un apoyo más aparente a sus medidas económicas. Algo que facilita su presentación en Bruselas. España tiene todavía que recibir 93.000 millones de fondos europeos y ante las serias dudas que plantean algunas medidas, como la reforma del despido, necesita 'venderlas' como resultado del apoyo social y empresarial.

En este sentido, reforzar a Conpymes y Uatae frente a Cepyme y ATA también contribuye a 'erosionar' el peso de la CEOE, cuyo poder en la mesa de negociación responde también al papel de las otras dos organizaciones. Un riego, el de la entrada de nuevos actores en el diálogo social al que, en todo caso, el Gobierno quiere proteger a los sindicatos, lo cual agrava el desequilibrio que supondrá esta reforma.

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