El pasado mes de septiembre, el Régimen General de la Seguridad Social, que incluye a la mayoría de los asalariados creció solo en 1.434 afiliados medios, un 0,008%. Una cifra seis veces inferior a los 8.346 del mismo mes de 2022 y que solo se mantiene en terreno positivo por la educación, cuya afiliación remonta gracias a la 'reactivación' de fijos discontinuos que fueron enviados a la inactividad en meses precedentes y el fichaje de interinos en los centros públicos.
La Seguridad Social registró un incremento total de 18.295 afiliados medios en septiembre, hasta los 20.724.796. Pero este incremento se debe a 5.716 nuevos autónomos y a 15.118 nuevos afiliados del Sistema Especial Agrario, que se consideran un caso aparte dentro del Régimen General, como ocurre con las empleadas del hogar (que perdieron 2.284 afiliadas).
Esta segmentación tiene gran relevancia estadística, ya que los datos de Seguridad Social sobre los asalariados no desglosan los tipos de contrato de los trabajadores de los sistemas especiales, pese a que suman 1.025.805 afiliados (654.153 del agrario y 371.651 de Hogar). Solo se calculan sobre el Régimen General 'propiamente dicho', que suman 16.293.923 afiliados.
Para terminar de complicar el análisis, existe una categoría especial de asalariados que sí figuran en el Régimen General pero cuyo contrato no está especificado, sino que figuran bajo la casilla de "otros". Como explica la propia Seguridad social en su metodología estadística, "de forma mayoritaria forman parte del colectivo de funcionarios". Y esto es relevante porque no se especifica cuáles son fijos y cuáles interinos.
Lo que es innegable es que, en términos interanuales, el impacto de la reforma laboral ha sido claro. Entre septiembre de 2022 y 2023 se han sumado 558.438 asalariados al Régimen General. El incremento se compone de un aumento de 603.589 asalariados con un contrato indefinido ordinario a tiempo completo, 157.915 a tiempo parcial y 80.993 fijos discontinuos, a los que se sumaron 102.623 funcionarios para compensar la pérdida de 143.027 afiliados temporales.
La estacionalidad del empleo permanece
Sin embargo, el gran incremento de asalariados con empleos indefinidos y el descenso de temporales no ha corregido las pautas de estacionalidad del empleo en España, que se aprecian en los datos mensuales. Más bien las ha desplazado a otras modalidades contractuales, como queda claro al analizar cómo ha cambiado en los últimos años la evolución de los asalariados en final del verano.
Entre agosto y septiembre de 2019 se perdieron 23.797 asalariados, debido a que el incremento de 58.784 indefinidos ordinarios, 112.268 fijos discontinuos y 2.663 de la categoría de "otros", no pudo compensar la pérdida de 197.512 temporales.
En contraste, los datos de 2022 son excepcionales porque se producen tras la entrada en vigor de la reforma laboral, cuando las empresas empiezan a adaptarse a los nuevos requisitos de contratación.
Entonces se apreció un inédito repunte del empleo indefinidos ordinario, con más de 142.386 asalariados que superó a la de los fijos discontinuos (133.617) y compensó una intensa pérdida de 268.822 asalariados temporales. En aquel momento se auguró que estos datos apuntaban a un trasvase de la contratación temporal a la indefinida ordinaria que haría más estable el empleo. Pero un año después, los datos muestran que este cambio no se ha producido. O al menos no con la intensidad prometida.
En 2023, la creación de empleos indefinidos vuelve a niveles previos a la pandemia, con menos indefinidos ordinarios nuevos que fijos discontinuos, mientras la de los temporales se reduce algo menos que en 2019 (en 176.976). Lo que supone una novedad es el incremento excepcional de aquello trabajadores sin contrato que, recordemos, son en su mayoría funcionarios y que se disparan en 18.528 cuando en 2022 apenas sumaron 4.500.
A priori, este incremento podría explicarse por la constitución de gobiernos tras las elecciones autonómicas y locales o la materialización de la oferta pública de empleo de meses anteriores. Pero esa no es la causa: al someter los datos a un escrutinio más profundo se comprueba que la práctica totalidad se concentran en la educación pública. Lo que apunta directamente a los profesores interinos.
Precariedad de ida y vuelta
Y es que la educación, un sector considerado crítico por su importancia en la formación de los niños y jóvenes, parece ser de los que menos escapa de la trampa de la precariedad. Algo que ya quedó claro en los meses anteriores, como ya informamos en elEconomista.es y ahora vuelve a confirmarse, a la inversa, cuando estos trabajadores finalizan sus 'vacaciones en paro'.
Septiembre suele ser un mes considerado malo para el empleo, pero en el que la destrucción aparejada por el fin de muchos trabajos ligados a la temporada turística se compensa por la vuelta al trabajo de muchos profesores que habían finalizado su contrato temporal entre junio y julio para volver a ser contratados a partir de septiembre.
Una práctica con la que las empresas se ahorran las vacacione remuneradas y que se consideró que tendría las horas contadas tras la reforma laboral. No ha sido así, y esto, paradójicamente, ha sido beneficioso para el Gobierno a la hora de ahorrarse presentar una caída neta del empleo asalariado.
La educación aportó 85.817 nuevos afiliados medios en septiembre, el mayor aumento con diferencia en de todas las ramas de actividad y que compensa la pérdida de asalariados en el comercio y la hostelería. De este empleo, 57.095 eran fijos discontinuos y 25.722 serían funcionarios interinos. Es decir, temporales reincorporados. Ambas cifras superan a las de indefinidos ordinarios que solo sumaron 12.515 asalariados.
Lo que se hace evidente si comparamos los datos de 2019 con los de 2022 y 2023, es que la creación mensual de empleo en la educación se ha intensificado respecto a los niveles de 2019. Pero esto no significa que la calidad sea mejor.
Y es que antes de la pandemia, la creación mensual de empleo era menor y pivotaba sobre los fijos discontinuos y los contratos temporales. Pero tras la reforma, mientras los segundos retrocede, los primeros se refuerzan. Ello a a pesar de que, según recogen varias sentencias e incluso varios convenios colectivos del sector, su uso está vetado precisamente para impedir que se convierta en una fórmula de condenar a los trabajadores a unas vacaciones 'en paro'.
Y es que el diseño de estos contratos permite mandar a la inactividad al trabajador por esos meses, sin tener que pagar una indemnización que iría de los 12 días por año trabajado que correspondería por liquidar un contrato temporal, a los 20 días por un despido ordinario o 33 días si es declarado improcedente.
Academias y comunidades autónomas
Pese a este rechazo y las amenazas del Ministerio de Trabajo de una campaña de la inspección, en 2022 y 2023 siguen superado con creces la aportación del empleo indefinido ordinario. En el último mes este se ve desbancado incluso por la de los 'trabajadores sin contrato. Es decir, los funcionarios interinos.
Aunque a la hora de analizar estos datos hay que tener en cuenta la destrucción de empleo en los meses precedentes. Entre mayo y agosto, la educación perdió 221.834 afiliados (de los que 135.000 tenían un contrato fijo discontinuo). El dato de septiembre implica que solo se han recuperado un tercio de estos asalariados.
Por su parte, los funcionarios sí han recuperado la totalidad de los empleos perdidos, lo que apunta a que se corresponden con trabajadores vinculados a plazas eventuales que ahora se vuelven a ocupar.
Aun así, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey considera que se ha producido un "enorme viraje hacia la calidad del empleo en el ámbito educativo". Esto es cierto si se compara con los datos previos a la pandemia: los asalariados con contrato indefinido ordinario han aumentado un 24% entre 2019 y 2023. Pero los que tiene un contrato fijo discontinuos se han disparado un 123%.
El número dos de Yolanda Díaz también ha defendido que "porcentaje de incorporaciones en septiembre es sensiblemente inferior al de años anteriores", algo que los datos mensuales de Seguridad Social no avala.
En cualquier caso Pérez Rey y su homólogo de Seguridad Social, Borja Suárez, aprovecharon la rueda de prensa de presentación de los datos de paro para avanzar algunas claves de los resultados de la investigación de la Inspección de Trabajo que pueden aclarar este fenómeno.
Estos trabajos no han desvelado un "uso generalizadamente irregular" de los contratos fijos discontinuos en esta actividad, según Pérez Rey. Además, "apenas hay utilización del mismo en los grupos más altos de cotización". Esto implica, según él, que en el caso de los profesores apenas se hace uso.
Por su parte, Suárez puntualizó que el uso de los fijos discontinuos "nada tiene que ver" con la educación pública, concertada y su peso en la privada se concentra, no en los colegios o institutos sino en "otros centros docentes", como academias y centros deportivos.
Pérez Rey, sin embargo, sí admitió que existe un "elevado" uso de la temporalidad vinculada al empleo público, lo que confirmarían los datos de interinos de Seguridad Social. Eso sí, número dos de Trabajo traslada la culpa a las comunidades autónomas que tienen las competencias en este ámbito.
