La promesa de que la reforma laboral erradicaría los peores abusos de la temporalidad no parece haberse cumplido en el sector de la educación. Al menos si analizamos lo ocurrido en los meses de junio y julio, que demuestran que la práctica de mandar a los profesores a unas 'vacaciones' no remuneradas sin empleo ni sueldo desde julio a septiembre sigue vigente. La diferencia es que ahora no se trata de trabajadores con contratos temporales, sino de indefinidos fijos discontinuos que pasan a la inactividad con la única opción de cobrar la prestación de paro. Ello a pesar de que jueces, el Gobierno, sindicatos, patronales y el Gobierno insisten en que esto no se puede hacer.
El pasado mes de julio, 110.705 profesores fueron dados de baja de afiliación en el Régimen General de la Seguridad Social, prácticamente la misma cifra que en 2019. Ello a pesar de que en julio había 121.847 afiliados con contrato indefinido más que entonces y 49.658 afiliados con contrato temporal menos. ¿Cómo es posible que esta volatilidad se mantenga? La clave es que una cuarta parte del incremento de la afiliación estable corresponde a fijos discontinuos. Que han demostrado ser igual o incluso más volátiles que los temporales, aunque con una ventaja añadida para los empleadores.
Y es que es más barato finalizar el llamamiento de un fijo discontinuo que concluir un temporal: estos últimos tienen derecho a una indemnización de 12 días por año trabajado, los segundos a nada porque el contrato no se rescinde, solo esperan a volver a ser llamados. Si fueran despedidos sí tendrían derecho a una indemnización como cualquier otro indefinido, pero esta configuración permite una 'trampa' a la que muchas empresas intentan acogerse para no pagar las vacaciones en los meses no lectivos.
Ello a pesar de que existe bastante jurisprudencia que rechaza el uso de los fijos discontinuos en la educación. La más reciente, la decisión de la Audiencia Nacional de desestimar la demanda interpuesta por la Asociación de Centros Independientes y Familiares de la Enseñanza (ACIFE) contra el Convenio Colectivo Nacional de centros de enseñanza privada, en el que se acordaba explícitamente prohibir aplicar esta modalidad contractual.
Un acuerdo frustrado
El tribunal advierte de que la actividad de los profesionales no termina en junio y vuelve a comenzar en septiembre y concluyendo que, de afirmarse esto último, los docentes "verían mermados de forma evidente sus derechos". De hecho, supondría "convalidar un evidente fraude de ley". El convenio sectorial, firmado entre los sindicatos y la patronal, pretendía precisamente impedir que el impulso a los fijos discontinuos tras la reforma laboral disparara esta práctica vetada por la justicia
Y, sin embargo, los datos de Seguridad Social son contundentes de que pese al consenso entre los jueces y las patronales y empresas del sector (que firmaron el mencionado convenio), este acuerdo no ha servido para nada. De hecho, de las 114.313 bajas de afiliación de fijos discontinuos en el pasado mes de julio, 67.448 corresponden a la educación.
En este punto, conviene recordar que la actividad que más afiliados perdió en julio fue la afiliación, con 110.705 afiliados que se suman a los 51.722 que recortó en junio, cuando se perdieron 43.762 fijos discontinuos en el sector. Es decir, el descenso de profesores fijos discontinuos acumulado en estos dos meses equivale al 69% de recorte de ocupados en esta actividad. Y aún queda agosto, mes que tradicionalmente registra pérdida de afiliación.
Este comportamiento de la afiliación de los fijos discontinuos ya se daba antes de la reforma laboral, si bien con un número de afectados menor. Lo que ocurre es que entonces el número temporales era mucho mayor en un sector que sigue muy marcado por la estacionalidad.
Con la llegada de la norma impulsada por Yolanda Díaz, su temporalidad ha retrocedido del 36% en julio de 2019 al 26% en julio de 2023, aunque sigue sigue 11 puntos más que la media de afiliados al Régimen General (que es del 15%).
Lo que ha ocurrido es que la reducción de las bajas derivadas de contratos temporales por obra y servicio se ha compensado por creces por las de los fijos discontinuos, que no solo han registrado su máximo histórico, sino que superan a las que en los años precedentes anotaban los afiliados eventuales.
Y es que con la reforma todo cambia. En el verano de 2022 se produjo el habitual auge de rescisiones contratos temporales. Pero los que se firmaron en otoño fueron fijos discontinuos. Un año después se ve que en lugar de ser contratos más estables (ya que, aunque sea sobre el papel, son indefinidos) el abuso de las bajas de afiliación veraniegas que se daban en los temporales se ha desplazado hacia ellos.
Lo ocurrido en julio tiene además un impacto macroeconómico. Y es que el desplome de los indefinidos fijos discontinuos, impulsado por la educación, es la razón principal por la que la afiliación se ha desinflado. De hecho, el poco empleo creado se debe al aumento de los temporales, ya que los indefinidos (contando aquí a los fijos discontinuos) cayeron. Es la primera vez que el empleo indefinido retrocede mientras el eventual crece bajo la nueva la reforma laboral. Pero pese al desplome de la educación y el papel jugado por los fijos discontinuos, el Gobierno ha eludido establecer esta conexión.
El problema de los interinos
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey aprovechó la rueda de prensa del paro del miércoles para anunciar la conversión de 53.000 fijos discontinuos en indefinidos ordinarios en lo que va de año, pero no aclaró cuántos eran docentes. A pesar de que la Inspección de Trabajo ha puesto el foco en el sector educativo, señaló que es prematuro sacar conclusiones de esta investigación.
Por su parte, CCOO ha lamentado que 110.000 profesores "se fueran al paro", en julio, pero tampoco culpa a los fijos discontinuos, sino al fin de temporales. En un comunicado aseguró que se trata de una "práctica habitual en el sector privado, pero también en algunas administraciones públicas", en las que los despidos de interinos durante los meses de julio y agosto "son una constante".
En cualquier caso, advierten de que esta pérdida de empleos en el sector no ha bajado en los últimos años de los 100.000 afectados en julio, lo que convierte a la educación en una de las actividades, junto a las empleadas de hogar, que más despido acumula y mayor precariedad laboral presenta. Asimismo, inciden en que la destrucción de empleo "no solo se observa en el régimen general, sino también en el régimen de autónomos".
El sindicato, pide que los convenios colectivos regulen con claridad la situación del verano para los trabajadores en el sector privado. Y para el público, que la Conferencia Sectorial de Educación garantice que los profesores interinos tengan derecho a cobrar durante esos meses.