Economía

El Gobierno 'regulariza' a 294.000 funcionarios precarios y eleva la plantilla pública un 11%

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha reconocido oficialmente que la cifra de funcionarios es mucho mayor que lo que venía informando en sus estadísticas de los últimos años tras 'regularizar' a miles de trabajadores públicos que antes se excluían de las estadísticas. El ajuste se reparte entre 224.000 efectivos de "personal laboral temporal" con contratos de duración inferior a seis meses y otros 70.000 efectivos correspondientes al personal en formación o en prácticas. Este ajuste equivale a un incremento del 10,7% respecto a la plantilla contabilizada anteriormente, aunque la precariedad de estos puestos de trabajo tiene un efecto claro en las estadísticas.

Ha sido precisamente de las competencias de Función Pública del Ministerio de Hacienda al de Transformación Digital el que ha permitido conocer el cambio metodológico. El equipo de José Luis Escrivá ha publicado una nota explicando los cambios que acompaña a las ediciones de enero y julio de 2023 del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Dicho ajuste, no obstante, se produjo bajo el mandato de la ahora vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Las últimas cifras de Función Pública, correspondientes a julio, arrojan un saldo de 2.967.578 funcionarios. Supone un incremento de 235.870 personas, un 8,65% más que los registrados un año antes. En este sentido se produce una clara discordancia: ¿si la revisión incluyó 294.000 más empleados públicos, por qué el incremento anual de julio a julio es menor?

La explicación está en que son trabajadores eventuales, lo que significa que la supervivencia de sus empleos es mucho menor. Y según la fecha del año en la que se anoten, puede provocar incluso un descenso, como suele ocurrir en los meses de verano.

Con el cambio en la metodología, las cifras que publica el Ministerio de Función Pública se acercan mucho más a las que recoge la Tesorería General de la Seguridad Social, que hasta hace unos meses respondía al propio Escrivá. En julio de 2022, este organismo detectaba 2,86 millones de funcionarios frente a 2,73 millones que reconocía Hacienda, una brecha de 133.000 personas. Un año y medio después, Función Pública recoge 2,96 millones de funcionarios, prácticamente la misma cantidad que la Tesorería. Pero subsisten profundas discrepancias entre ambas estadísticas.

Según los datos de afiliación, los asalariados del sector privado aumentaron un 3% y los autónomos apenas un 0,45%, mientras los empleados públicos lo hicieron en un 3,5%. Pero entre estos, la mayor subida, con diferencia, la anotan los del Estado, que aumentaron un 8,02%. Se trata del mayor repunte anual desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Pero los datos de Función Pública, que solo llegan hasta el mes de julio, muestran un incremento interanual de la plantilla que depende del Consejo de Ministros de solo un 2,52% tras los cambios metodológicos, mientras elevan a un 14% el de las autonomías.

Pero tras el ajuste los datos Función Pública se congelan: no recogen prácticamente variación del empleo público en el primer semestre, es decir, entre las cifras anotadas en enero, que ya recogían el nuevo sistema de medición, y las de julio de 2023. Si en el primer mes del año anotó 2.966.987 trabajadores públicos, para el verano la plantilla apenas se había incrementado en 591 personas. Pero los datos de Seguridad Social arrojan un incremento de más de 94.165 afiliados públicos. Más coherente con la oferta de empleo récord aprobada en el pasado año.

Escrivá exculpa al Estado

La nota elaborada por el equipo de Escrivá insiste en poner el foco en las comunidades autónomas como las que más elevaron el número de trabajadores, a pesar de que los datos de Seguridad Social de empleo público revelan que la administración central elevó su plantilla con mucha mayor intensidad, como ya contamos en elEconomista.es.

Para ello, recurre a un gráfico que no recoge el incremento interanual, sino la variación en cada semestre tomando como referencia enero de 2013. Teniendo en cuenta que entre 2012 y 2018 el Gobierno del PP redujo la tasa de reposición de sus funcionarios y que las comunidades tienen las competencias en sanidad y educación, cuya contratación se ha disparado durante la crisis sanitaria.

El texto que acompaña al gráfico señala que "la tendencia decreciente que mostraba el sector público del Estado se ha detenido y comienza un cambio desde enero del 2022", mientras que las comunidades autónomas "han mantenido un crecimiento sostenido y las entidades locales han tenido mayor variabilidad". Aunque la imagen habla por sí sola.

Hay que tener en cuenta que, como el ajuste estadístico se centra en los empleos eventuales, interinos o en prácticas, se 'penaliza' al empleo autonómico y local. El propio informe recuerda que el 79,8% de empleados públicos de la administración central son funcionarios de carrera, es decir, fijos, mientras que la media general es del 49,6%. Pero de esta manera, el incremento relativo del empleo en la administración central, dependiente directamente del Gobierno, queda muy matizado respecto al que revela la Seguridad Social, en el que juega un importante papel el peso de los asesores nombrados a dedo por el Gobierno.

En lo que sí se nota el repunte de la contratación, sobre todo en la administración central, es en la edad de los funcionarios. El 59,4% del total de los efectivos de ministerios, organismos autónomos estatales y agencias estatales tienen 50 o más años. Pero ese porcentaje ha disminuido en el último semestre, debido a que los menores de 40 años se han incrementado un 14%. Según el ministerio esto "podría indicar el inicio de un cambio de tendencia".

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